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M.C.D, la primera lesbiana represaliada por Franco que pide ser indemnizada

La primera mujer que solicita una indemnización por su tiempo en prisión durante la dictadura recuerda a los compañeros que se suicidaron y a quienes sufrieron tratamientos psiquiátricos

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"Cuando tienes 17 años es perturbador que te acosen con interminables interrogatorios incomprensibles". Así comienza su relato M. C. D., la primera lesbiana que ha solicitado una indemnización por el tiempo que estuvo encarcelada en virtud de su opción sexual.

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Temblorosa lee despacio su relato, escrito momentos antes de la entrevista para ser capaz de recordar el mensaje a trasladar. Es la primera conversación que tiene con un medio de comunicación. Nunca antes ha querido hacer pública su experiencia y, ahora, esta mujer ha decido compartir su historia.

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Su objetivo: "Recordar a los que quedaron por el camino y, si es posible, ayudar a otras personas". También, contar a la juventud que, hace 35 años, un homosexual podía ser encarcelado acusado de ser un "peligro social".

"Durante meses me sometieron a una pantomima persecutoria que no comprendía en absoluto y que terminó en una paranoia de efectos perdurables de por vida", cuenta entre pausa y pausa, abrumada por los recuerdos. M. C. D. fue encarcelada en un penal para mujeres en Ciudad Real durante cuatro meses acusada de ser "una homosexual rebelde con su familia que se encuentra en estado peligroso". La finalidad de la condena era la "reeducación". Se le aplicó el artículo 2 de la Ley 4 de agosto de 1970 de peligrosidad social, así como las medidas de seguridad incluidas en el artículo 6 de la misma norma, y fue condenada a una pena de reclusión "no inferior a cuatro meses ni superior a tres años". También, el magistrado del juzgado de peligrosidad social le prohibió visitar durante dos años salas de fiesta y otros establecimientos donde se ingiriesen bebidas alcohólicas.

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Tenía 16 años cuando empezó su calvario y 17 cuando finalmente cumplió la condena. "A esa edad no te has definido como adulto, aún te estás formando", subraya M. C. D. que, por aquel entonces estudiaba en una academia y llevaba una vida rutinaria, entregada a la lectura y a las preguntas, "era muy inquieta, siempre quería saber".

Dado que las autoridades de la dictadura concebían la homosexualidad como una enfermedad que podía curarse, a menudo se recetaban remedios como los electroshock y el tratamiento psiquiátrico. "Algunos se quedaron por el camino por los recomendados electroshock, que les dejaban minusválidos en su corta vida y acababan muriendo a los pocos años", denuncia M. C. D.. "No estamos todos los que éramos", lamenta. "Muchos se rindieron y se casaron, otros se suicidaron".

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"Conozco dos casos de personas que recibieron electroshock y murieron a los cinco años" 

El apartado para el recuerdo de sus amigos ocupa un lugar importante en su relato. A esta mujer se le quiebra la voz cuando nombra a aquel estudiante de instituto, compañero de su hermana, que se suicidó por no soportar la presión. También cuando recuerda al profesor de universidad que se quitó la vida con 27 años y al bombero que tomó la misma decisión a los 25. "Conozco dos casos de personas que recibieron electroshock, dejándoles con la baba cayendo, y que murieron a los cinco años", añade.

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"Somos muchos menos los que quedamos que los que se fueron; los más débiles cayeron por el camino; ahora quiero que la gente piense en esas personas y abrir un recuerdo para ellos, que ya nunca lo podrán contar". "Los que quedamos tenemos memoria", advierte M. C. D..

La indemnización que acaba de solicitar la víctima no va a reparar su dolor ni aliviar las consecuencias de aquella experiencia, pero de algún modo le ayuda a cerrar un ciclo. "Lo importante es que se recuerde para que no se repita, ya que a veces parece que vamos hacia atrás".

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Los esfuerzos del régimen dictatorial por presentar a las personas homosexuales como rebeldes, dominantes, violentos y vagos quedan probados en los textos de algunas sentencias condenatorias fruto de procesos judiciales sin ningún tipo de garantías para el acusado. "La defensa nada alegó en el momento procesal correspondiente", suele figurar en este tipo de textos.

"A los presos políticos les indultaron en 1977; algo que no sucedió con nosotros"

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En el caso de la sentencia a la que este medio ha tenido acceso, se pueden leer valoraciones y opiniones personales del juez, que no relaciona con ningún tipo de documento: "Probado y así se declara expresamente; de carácter violento; tiende a la huida y al vagabundeo, y es dominante a la hora de buscar personas de su mismo sexo".

"Los jueces de peligrosidad social eran unos fanáticos de la ley", arguye Antonio Ruiz, presidente de la asociación de Ex presos sociales. "Otro reproche que hacemos es hacia la abogacía, porque, aunque estos casos tenían difícil defensa -ya que siempre se presuponía la peligrosidad social- la mayoría de los abogados se lavaba las manos, no apelaban", añade.

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Ni la transición ni la democracia rompieron el cordón umbilical que les conectaba con la arquitectura jurídica del franquismo. "Los artículos de la Ley de peligrosidad social que se aplicaban a las personas homosexuales se eliminaron en 1979, pero siguieron entrando en prisión hasta mediados de los 80", denuncia Ruiz, que estuvo tres meses encarcelado en 1976, un año después de morir el dictador.

"En los últimos años de aplicación de la Ley de peligrosidad social entraron en la cárcel muchos más homosexuales que al principio". Además, remarca Ruiz, "a los presos políticos les indultaron en 1977; algo que no sucedió con nosotros". Los preceptos jurídicos que les aplicaban para ir a prisión, ya en democracia y gobernando el PSOE, eran los referidos al escándalo público.

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Las indemnizaciones previstas para los ex presos sociales se han vuelto a recoger en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, pero con un plazo concreto para solicitarlas que finaliza el 31 de diciembre del año que viene. La asociación que preside Ruiz lamenta el próximo fin de estas compensaciones que no se hicieron efectivas hasta 2009 y que, para poder cobrarlas, es necesario reunir una documentación de difícil acceso.

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