El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, desvió el golpe de su segunda declaración como imputado por presunto soborno ante la juez del llamado 'Caso Salmón', y lo hizo declarándose víctima de una 'cacería' policial ordenada por los socialistas.

En una estrategia idéntica a la seguida por su partido contra el juez Garzón en el 'caso Gürtel', Soria acusó a la Policía de 'falsear los informes' sobre sus cuentas bancarias. Ante la gravedad de tales acusados y a preguntas de los periodistas sobre por qué no denuncia ante los tribunales la presunta persecución, un sonriente Soria respondió así: 'Porque no voy a conseguir nada'.

Soria se aferra a un error policial -en un informe aparecía confundido el nombre de una entidad bancaria- para sustentar sus acusaciones. La Policía falseó datos 'por orden de la superioridad', remachó.

Soria se expresó en esos términos tras declarar, por segunda vez en cinco meses y durante dos horas y media, ante la magistrada del Tribunal Superior que investiga si incurrió en un delito de cohecho al avalar un complejo turístico de la sociedad Anfi, cuyo propietario, el empresario Björn Lyng, le había invitado previamente a viajar gratis en jet privado a Austria y Noruega.

Cuando el abogado de la acusación particular inquirió a Soria sobre por qué había aceptado la gratuidad de los vuelos en lugar de ofrecerse a compartir los gastos, la respuesta fue la siguiente: porque eso era 'una soberana tontería'.

En octubre de 2005, dos meses después de aquel periplo turístico, el Cabildo de Gran Canaria, entonces presidido por Soria, declaró la urbanización como proyecto de interés general. Obtener esa declaración constituía el único modo posible de sortear la moratoria urbanística vigente en esa fecha en las islas.

Desde 1997, Soria veraneaba varias semanas en los apartamentos de lujo de Anfi en la localidad grancanaria de Mogán. Y, siempre, según su propia declaración, pagaba al menos parcialmente en metálico a razón de 149 euros por día: a tenor de sus palabras, la suite de lujo costaba cada año la misma cantidad invariable. ¿Era un precio especial? Según Soria, no.

Este lunes, cuando el fiscal se interesó por la procedencia de ese dinero en efectivo, el imputado respondió que de las dietas percibidas 'de algunas empresas públicas' y de los 600 euros mensuales abonados por el PP a sus diputados. No precisó cuáles son esas empresas ni la cuantía de las dietas. En su casa, alega el también consejero de Economia canario, se guarda dinero en metálico.

Mientras que, en su primera declaración, Soria aseguró a la juez que él mismo gestionaba por cauces ordinarios las reservas en los apartamentos, este lunes rectificó: las gestionó a través de Manuel Fernández, número dos del PP canario, consejero delegado de Anfi y miembro de la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, que dio vía libre al polémico complejo turístico como paso previo a su aprobación definitiva por el Pleno el 30 de marzo de 2007.

En su primera declaración judicial, Soria negó haber participado en aquel debate. Traicionado por un vídeo, ayer reconoció ante la juez lo que ya había admitido ante la prensa: que votó en el debate. Y votó sí.