Un juez investiga por fraude al 'call center' del 112 y el 016

Un juez de Cádiz investiga un supuesto fraude de Qualytel, empresa que presta servicios de asistencia telefónica al Gobierno, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Tribunal Supremo. También atiende el número 016 (contra el maltrato) en toda España, así como el 112 (de emergencias) en Catalunya y Andalucía.

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante un juzgado de instrucción que Qualytel ha defraudado 318.000 euros de ayudas públicas al fomento del empleo, según fuentes conocedoras del proceso. Las diligencias penales contra Qualytel son resultado de una investigación sobre el uso fraudulento de fondos europeos para el empleo iniciada en Cádiz por la Guardia Civil y que ya abarca a toda Andalucía, con cientos de empresas supuestamente implicadas.

La Fiscalía Superior andaluza indaga un fraude masivo de fondos europeos

El Instituto armado entregó el pasado año a la Fiscalía de Cádiz un informe según el cual 503 empresas han cometido fraude en la provincia, sin contar con la vasta comarca del Campo de Gibraltar. El abanico de trampas es amplio, pero fundamentalmente se trata de cobrar ayudas por contratar a trabajadores que son despedidos después. La Fiscalía sólo apreció trascendencia penal en Qualytel, empresa que fue denunciada.

Qualytel se presenta en su web como "una de las principales compañías de servicios de outsourcing [externalización], CRM [relación con los consumidores] y telemarketing" de España. Según su web, entre sus clientes públicos cuenta con los ministerios de Administraciones Públicas (teléfono 060, sobre los servicios y trámites de la Administración General del Estado), Economía, Educación, Vivienda, Justicia y Exteriores. A todos les presta servicios telefónicos externos conocidos comúnmente como call center. También atiende el teléfono 016 contra el maltrato, dependiente del Área de Igualdad del Ministerio de Sanidad.

En el ámbito autonómico, presta servicio de atención telefónica a varias empresas públicas sanitarias y de emergencias de la Junta, así como a sus Institutos de la Mujer, del Menor y de la Juventud. A estos clientes se suman, entre otros, el teléfono 112 de Catalunya y el Servicio Madrileño de Salud. Qualytel también cita varios clientes de ámbito local, como el Ayuntamiento de Madrid y los Bomberos de Cádiz.

Sólo en Cádiz la Guardia Civil apreció irregularidades en 503 empresas

La empresa tiene 6.500 trabajadores y factura anualmente 116 millones, según su web. Público intentó ayer reiteradamente contactar con algún responsable de la empresa, sin resultado.

El caso va mucho más allá de Qualytel. Hay al menos cientos de firmas sospechosas de fraude, si bien todo apunta a que la mayoría no ha cometido delitos, sino faltas. La propia Fiscalía de Cádiz, al vislumbrar la dimensión del caso, dio traslado del mismo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). "En mayo de 2010 empezamos a recibir información. Hemos estado investigando y ahora trasladaremos el caso a las fiscalías provinciales", explicó ayer a Público el fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, que señaló que "la mayoría de los fraudes no tienen trascendencia penal, son faltas administrativas".

Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, afirmó ayer en Sevilla que "el fraude afecta a siete de las ocho provincias, todas menos Huelva". En principio se trata de un fraude cometido por las empresas, que habrían hecho un aprovechamiento ilícito de ayudas públicas. El caso apunta a fallos graves en la inspección.

Manuel Recio, consejero de Empleo, explicó que los controles, realizados de forma "aleatoria", correspondían a la Junta y al Ministerio de Trabajo. Se trata de ayudas, según Recio, para que las empresas conviertan contratos temporales en fijos o para contratar de forma fija de inicio. "Si se ve infracción, se pide la devolución" del dinero, añadió. Desde su consejería aseguraron ayer desconocer la investigación, si bien indicaron que este tipo de ayudas podrían ser "bonificaciones a la Seguridad Social e incentivos a la contratación".