La reforma que limita la jurisdicción universal de los tribunales españoles pactada en el Congreso por varios grupos parlamentarios no ha sido bien vista por las asociaciones de jueces y fiscales progresistas. 'Resulta preocupante que nuestros responsables políticos se hayan decidido a plantearse la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales', señalan en un comunicado hecho público ayer.

'Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los derechos humanos surja solamente ante los poderosos', critican en referencia a que el Ejecutivo empezó a hablar de la necesidad de una reforma legislativa que limite la persecución de estos delitos a raíz de la admisión a trámite de una querella contra un ex ministro de Defensa israelí y otros seis responsables militares de dicho país.

Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) y el Grupo de Estudios de Política Criminal consideran que 'España, como país pionero, debe sentirse orgullosa de la asunción por nuestros tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal, ya que expresa su compromiso con el carácter universal de los derechos humanos'.

El comunicado destaca que ello ha permitido 'la persecución de los más graves ataques institucionalizados contra los derechos humanos con la condena y castigo de un buen número de criminales' y evitando que 'otros puedan moverse impunemente por el mundo', como demostró la retención por unos días en Londres del dictador Augusto Pinochet.

Los colectivos firmantes son conscientes de que este tipo de casos 'añade leña al fuego de la sobrecarga de nuestro sistema judicial', pero 'engrandece la calidad democrática del mismo y la altura moral de nuestro país en el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos'. Añade que 'este compromiso es aún mayor si cabe en tanto no exista un tribunal penal internacional que pueda ejercer su jurisdicción de modo eficaz y efectivo'.

El principio de justicia universal se basa en 'la defensa descentralizada de los intereses y valores de la comunidad internacional en su conjunto, y no en los puramente estatales o particulares', porque 'es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos'.

Los jueces encargados de investigar estos crímenes en la Audiencia Nacional fueron los primeros en criticar la reforma. Ayer un grupo de organizaciones sociales, ONG, asociaciones de derechos humanos y personalidades de los ámbitos académico y jurídico impulsó un manifiesto para pedir al Congreso que no modifique la jurisdicción penal universal, porque supondría un 'claro incumplimiento de las obligaciones' internacionales suscritas por España, dice Europa Press.