Los jueces anulan la contrata del bus urbano de Zaragoza y abren la puerta a su rescate

ZARAGOZA .- La contrata del autobús urbano del Ayuntamiento de Zaragoza, la principal con un presupuesto de más de 700 millones en diez años, está en el aire. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de anular tres cláusulas del concurso que tramitó en 2013 el anterior equipo de gobierno municipal (PSOE) y, en la práctica, obliga a repetir la licitación: el consistorio convocó un concurso a medida para que Auzsa (sucesora de Tuzsa y filial de la multinacional ADO) se llevara la contrata y, al mismo tiempo, puso trabas que la ley no admite para eliminar a la cooperativa que los trabajadores de la anterior concesionaria crearon para pujar.

“El concurso queda anulado y se debe repetir porque no se dio cabida a otras fórmulas como la cooperativa de trabajadores y estaba preparado para que lo ganara una empresa”, señaló este domingo el concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno municipal, Fernando Rivarés, que se mostró partidario de valorar la sentencia “con calma y con sosiego, pero con prontitud”.

“El acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”

Los trabajadores impugnaron la adjudicación municipal ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que desestimó su reclamación. Recurrieron esa decisión ante el TSJA, que les ha dado la razón, que ha anulado la obligación de crear una sociedad anónima que establecía el concurso; requisito que, por otra parte, tanto el ayuntamiento como la multinacional admitieron que no está amparado por ninguna norma española o comunitaria.

Ser trabajador “conlleva solvencia” para pujar por la contrata

La resolución va más allá, ya que considera que una cláusula “tan exigente” crea “una situación de ventaja y contraria a la normativa” a favor de la multinacional. Y da explícitamente la razón a los trabajadores cuando sostienen que, en esas condiciones, “es difícil que haya otras empresas que pueden presentarse a la licitación, convirtiendo la concesión en una práctica monopolística y evitando los beneficios que la libre competencia conlleva”.