Por primera vez en la historia del Sistema Sanidad de Salud (SNS) los pensionistas tendrán que pagar en las farmacias por los medicamentos que necesiten para sus tratamientos. El Gobierno ha abierto este miércoles, en el Consejo Interterritorial del SNS, la puerta al copago farmacéutico para todas las personas que tienen pensiones contributivas.

Los jubilados deberán pagar un 10% del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Los que tienen pensiones inferiores a 18.000 euros anuales (y, por tanto, no tienen obligación de hacer la declaración de la Renta, según Sanidad) también estarán obligados a pagar, aunque en estos casos el desembolso alcanzará de máximo los ocho euros al mes. 

En contraposición, los parados de larga duración que, por tanto, hayan agotado sus prestaciones por desempleo, no pagarán en las farmacias por sus medicamentos con receta. Tampoco se costearán los fármacos quienes cobren pensiones no contributivas.

Los trabajadores pagarán entre el 40 y el 50% del precio del fármacoEn cambio, los trabajadores en activo con rentas bajas continuarán aportando el 40% del precio de los fármacos. Los que superen los 18.000 euros anuales tendrán que pagar la mitad del coste. Además, los topes para las rentas más altas, aquellas que superan los 100.000 euros, serán del 60% del precio del medicamento o bien, 60 euros al mes, si se trata de mayores enfermos.

Mato: 'Con esta reforma pagan más los que tienen más'

“Con esta reforma no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más”, resumió la titular de Sanidad, Ana Mato, tras detallar las medidas adoptadas en la reunión mantenida con los consejeros autonómicos del ramo. Según explicó la ministra, que no especificó el coste que tendrá implantar este sistema, el viernes debatirán este acuerdo en el Consejo de Ministros y se prevé que entre en vigor en un plazo máximo de dos meses.

La ministra asegura que la medida 'no tiene afán recaudatorio'Aunque con esta reforma del Sistema Nacional de Salud se pretende ahorrar los 7.000 millones de euros previstos por el Gobierno del Partido Popular, Mato aseguró que el copago farmacéutico “no tiene afán recaudatorio”. Su objetivo es, “poner en valor el medicamento y crear un efecto disuasorio para que no se tiren las 3.700 toneladas de fármacos que acumuló el punto de recogida el año pasado y que supone un gasto de 1.100 millones de euros”, especificó la ministra. “Éstas son medidas más de eficiencia que de recorte”, insistió.  

En cambio, el ahorro llegará de la mano de la disminución del gasto en medicamentos. Según los cálculos de Sanidad, con la creación de una plataforma centralizada de compra de fármacos se ahorrarán 1.000 millones; con la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, 400 millones; y otros 350 millones con el impulso del uso de genéricos y el abaratamiento de los productos.

Otros de los principales acuerdos extraídos de la reunión fueron la reorganización de la cartera de servicios y la regulación del llamado “turismo sanitario”, con lo que se pretende ahorrar 500 y 1.000 millones de euros, respectivamente.

Aunque la ministra incidió en que el Gobierno ha cumplido su compromiso de “no establecer ningún tipo de copago asistencial y garantizar la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad”, la cartera de servicios tendrá una nueva organización. En concreto, se categorizará en tres niveles: básica de servicios asistenciales (prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y transporte sanitario urgente), suplementaria (las prestaciones de dispensación ambulatoria) y de servicios accesorios (por ejemplo, algunas cremas para pacientes con enfermedades raras).

La cartera de servicios se distribuirá en tres categorías

En este sentido, la ministra pretende implantar un sistema “similar al británico”, en el que la Agencia de Evaluación de Tecnologías revisa y evalúa con regularidad dicha cartera de servicios. Dicho organismo se creará en el próximo Consejo Interterritorial, previsto para mayo.

Por otro lado, Sanidad intentará evitar, en palabras de Mato, “los abusos de algunos extranjeros que vienen al país sólo a utilizar las instancias sanitarias españolas”. Al parecer, la Directiva Europea 2004/38 que regula esta cuestión  “no se traspuso de manera correcta”, según el Ministerio. Por eso, incorporarán “al Derecho español el artículo que prohíbe de forma explícita” el turismo sanitario.

PP y PSOE difieren respecto al control del turismo sanitario

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar y, de hecho, la portavoz de Sanidad en el PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró que esta última medida era “innecesaria”, ya que el turismo sanitario se solucionó con la Directiva Transfronteriza de Servicios de 2010, informa Servimedia. Asimismo, la ex ministra socialista teme que se trate de un recorte de prestaciones a los extranjeros. Mato, por su parte, dejó abierta la posibilidad a una posible modificación de la Ley de Extranjería con el fin de “clarificar qué es exactamente lo que da derecho a recibir atención sanitaria”, informaron fuentes de su gabinete.

Pese a la satisfacción de Ana Mato y de sus compañeros de partido José Ignacio Echániz (Castilla La-Mancha), Javier Fernández Lasquetty (Comunidad de Madrid) y Luis Rosado (País Valencià) a la salida de la reunión, algunos consejeros criticaron las conclusiones extraídas de su encuentro con la ministra.

“Ha habido consenso en algunas cosas y en otras no”, confirmó el titular de Sanidad en Euskadi, Rafael Bengoa. “El copago farmacéutico no supone una solución a los grandes retos del sistema y, además, creo que va a afectar a los pacientes crónicos”, aventuró Bengoa, adelantando que el Estado no les ha asegurado que no vaya a ser así.

Por su parte, el consejero catalán, Boi Ruiz, consideró “insuficiente” el copago farmacéutico. “La participación de los ciudadanos en el precio de los medicamentos es buena por su efecto disuasorio, pero insuficiente para el reto que supone la situación financiera de la sanidad”, sentenció. “Estas medidas son bienvenidas, pero necesitaremos más”, concluyó.

Pero la más escéptica fue la consejera andaluza, María Jesús Moreno. “No nos han entregado ni un solo documento que demuestre la valoración del impacto económico de estas medidas, nada que sustente las propuestas del Ministerio”, aseguró. “Yo calculo que con esta reforma no llegarán ni a los 1.000 millones de euros de ahorro, una cifra que no alcanza ni de lejos lo anunciado por el Gobierno”, continuó.

Además, Moreno cree que estas medidas dejan abierta la puerta a un futuro copago asistencial. “Todos los países que han terminado implantándolo, categorizaron primero la cartera de servicios con distintos nombres”, sentenció.