La izquierda pide al Gobierno que no extradite a Falciani a Suiza

"El Gobierno ya ha premiado a los defraudadores con su amnistía fiscal, no puede castigar a los que quieren luchar contra los paraísos fiscales".

Quien hacía el ruego esta mañana en rueda de prensa al Ejecutivo de Mariano Rajoy era el diputado socialista Pedro Saura, portavoz en la Comisión de Hacienda del Congreso. No era una petición genérica ni descontextualizada, sino referida a un caso concreto, a un hombre que se ha convertido en un paradigma del combate a la evasión de impuestos: el francoitaliano Hervé Daniel Falciani, informático y exempleado del banco HSBC Private Bank en Ginebra que obtuvo, mientras trabajaba en la entidad financiera, datos de 130.000 cuentas de supuestos defraudadores, una valiosísima información que ha permitido recuperar dinero a las arcas públicas –entre ellas, a la Hacienda española–. Pero Falciani fue detenido el pasado 1 de julio en Barcelona, y ahora España está tramitando su extradición a Suiza, país que lo trata como un delincuente y no como un héroe. Por eso los socialistas piden al Gobierno que no lo haga, que no lo entregue a las autoridades helvéticas. 

Gracias a los ficheros extraídos por el ingeniero, España descubrió a 659 defraudadores

Lo mismo que ahora reclama el PSOE lo exigió el diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, en agosto, días después de que Falciani declarara ante la Audiencia Nacional y ofreciera su total disposición a colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles que tienen su capital depositado en Suiza. En septiembre, fue ERC quien demandó la liberación "inmediata" del ciudadano francoitaliano. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha contestado. No ha dicho qué piensa hacer con el informático. 

Falciani es detenido e interrogado en 2008 porque intentó supuestamente vender los datos que fue copiando durante dos años en Beirut. Es puesto en libertad al poco tiempo, momento en el que aprovecha para huir a Francia e instalarse en un pueblo cerca de Montecarlo (Mónaco), donde nació, lo que le permite tener los pies en los dos países de los que no tiene pasaporte, Francia e Italia, Estados que no extraditan a sus nacionales. Suiza reclama que se registre su domicilio, requise su ordenador y envíe los ficheros descargados de vuelta al país helvético. París entonces se da cuenta de que detrás de la lista Falciani hay oro. Información sobre 130.000 cuentas bancarias de presuntos defraudadores. El viceprocurador en Niza comunica a su superior, Éric de Montgolfier, qué ha hallado. El fiscal Montgolfier decide abrir una investigación, pero para echarse encima de los supuestos evasores, y descubre a 3.000 contribuyentes que huyeron del pago de impuestos. El asunto desata la tensión diplomática con Berna, que acusa a París de quedarse con datos de clientes robados ilícitamente.

Falciani fue detenido en Barcelona y el Gobierno acordó seguir por vía judicial la extradición a Suiza

Francia, después de un tira y afloja, cede. Acepta devolver el ordenador de Falciani a Suiza, pero antes remite una copia de los archivos a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal: Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos... Y España. Aquí la información llega en mayo de 2010. Gracias a los ficheros del ingeniero francoitaliano, la Agencia Tributaria descubre a 659 contribuyentes que habrían evadido al fisco unos 6.000 millones de euros. Carlos Ocaña, entonces secretario de Estado de Hacienda, califica de excepcional la operación. No escatima adjetivos: "Estamos ante el proceso de regularización más importante en España en toda su historia. No hay precedentes de una operación de esta envergadura". En la lista Falciani figura incluso información bancaria sobre algunos imputados en el caso Gürtel, como el exalcalde del PP de Boadilla del Monte Arturo González Panero, El Albondiguilla, y su hoy exesposa, Elena Villarroya.

El 1 de julio de 2012, ya con el PP en el Gobierno, Falciani es detenido en el puerto de Barcelona en virtud de una orden de detención internacional emitida por Suiza, que le imputa delitos de encubrimiento y revelación de secretos. El Consejo de Ministros del 3 de agosto acordó continuar en vía judicial de la petición de extradición. El día 9, Falciani comparece ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y se niega a ser sacado de España. El magistrado decide mantenerlo en prisión y remitirlo a la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decida sobre su extradición. El 8 de octubre, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo suizo, Didier Burkhalter, y "hablaron del caso Falciani", recordó hoy Saura, quien registró a principios de mes las preguntas dirigidas al Gobierno sobre este asunto. 

España no castiga penalmente la revelación de secretos bancarios

El Ejecutivo "no debería extraditar a Falciani a Suiza", aseguró el diputado. Y esgrimió argumentos semejantes a los expresados por Llamazares y el republicano Alfred Bosch. En primer lugar, porque entregar al ingeniero informático a Berna supondría reconocer que los datos fueron recabados de manera ilícita, lo que llevaría a una paradoja clara, pues España no reconoce la vulneración del secreto bancario como delito. "Más bien al contrario", sostiene el parlamentario de IU. Saura citó la legislación existente: los artículos 2 y 6 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva; el artículo 23 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales, y el artículo 5 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Las dos últimas normas eximen de responsabilidad a quienes revelen secretos bancarios. En otros países, argumentaba Llamazares en su pregunta al Ejecutivo del 23 de agosto, se protege a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal e incluso se premia la delación. A ello se suma la convención de la ONU contra la corrupción (2003), ratificada por España en 2005, que mandata el establecimiento de mecanismos de protección de los denunciantes. 

Saura alegó igualmente razones jurídicas –la Fiscalía apoya a Falciani– y motivos de "prioridad" política, porque el Gobierno debe tener en mente, "más que nunca", la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales". El diputado agregó que la información que llegó a España es, presumiblemente, una parte del gran volumen de ficheros copiados por el informático (centrado en personas físicas), ya que el fiscal francés, Montgolfier, según declaró el mismo en el Senado galo el pasado 22 de mayo, desechó las cuentas por debajo de un millón de euros, porque era muchísima la información que debía tratar, y no estudió las personas jurídicas. Montgolfier enfatizaba en su comparecencia que se trataba sobre todo de penetrar en los datos informáticos, "y sin la ayuda del señor Falciani", Francia jamás lo habría conseguido. "Por eso es relevante qué hará el Gobierno de España en relación con ese ofrecimiento de Falciani" de colaborar con las autoridades. 

IU ha pedido el amparo a Posada porque el Ejecutivo no contesta

Los socialistas también esperan una aclaración del Ejecutivo respecto a la posibilidad de firmar con Suiza un acuerdo tipo Rubik, lo que "implicaría una amnistía fiscal de las cuentas secretas de españoles" en bancos helvéticos, e igualmente "algo más grave, que es mirar hacia otro lado y no saber quién está detrás de esa masa global de dinero". 

El Gobierno dispone, teóricamente, de un mes para contestar por escrito a la oposición, plazo que en la práctica suele ser de dos meses. Pero Llamazares envió su solicitud al Ejecutivo el 23 de agosto, y no tiene réplica, así que ha pedido amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que este reclame la información al Gabinete de Rajoy. Es un puro formalismo, pues al final todo depende de la Moncloa.