El broker norteamericano Randall Lew Caruso, a quien el juez del caso Gürtel llevaba meses intentando interrogar, admitió ayer su papel como gestor de fondos de Francisco Correa en Estados Unidos. Imputado en el sumario, Lew Caruso declaró ante el magistrado Antonio Pedreira por videoconferencia desde Nueva York. Y reconoció la veracidad de un documento exhibido por Anticorrupción que prueba cómo Correa abrió en 2005 y en Merril Lynch una cuenta a nombre de Chelmi Ltd., una de las sociedades clave en la estructura internacional de blanqueo para ocultar, presuntamente, el dinero captado en España.

Fuentes de la investigación explicaron a Público que Lew lleva tiempo intentando colocar los más de 30 millones de euros cuyo manejo le encomendaron, supuestamente, Correa y su grupo. Las mismas fuentes aseguran que un banco ha rechazado admitir esos fondos al sospechar su conexión con el caso Gürtel.

Ayer, Lew sostuvo que el dinero de la cuenta de Chelmi Ltd, cuyo monto no precisó, procedía de transferencias cursadas por las sucursales en Miami del Gilbraltar Bank y Bancaja. Y que el origen último se situaba en la venta de apartamentos localizados también en Miami. El imputado dijo desconocer a quiénes pertenecían los inmuebles y quiénes ordenaron las transferencias a Chelmi. Según Hacienda, Correa participó como mínimo en seis proyectos inmobiliarios radicados en Florida.

La declaración de Lew, que se prolongó cinco horas por fallos técnicos, fue accidentada. El letrado de Correa, José Antonio Choclán, protestó por que las fiscales Anticorrupción se hubieran desplazado a Nueva York para asistir al interrogatorio de Lew.

Como ya publicó este diario, EEUU investiga en paralelo el presunto blanqueo perpetrado por la trama en su territorio. El lavado de dinero, delito de persecución prioritaria en ese país desde los atentados del 11-S, se castiga allí con penas muy superiores (20 años) a las previstas en España (seis años).

La inquietud de los imputados estadounidenses por el rumbo del caso en su país afloró en junio durante la primera citación de Gloria Pascual Willinger, otro supuesto miembro de la estructura de blanqueo. Pascual se negó entonces a declarar ante Pedreira. Su abogado adujo que lo que dijera su clienta podía ser utilizado por EEUU para una investigación 'sobre los mismos temas'. Y que Pedreira no podía garantizarle'inmunidad'.

El miércoles, Gloria Pascual compareció de nuevo por videoconferencia desde Miami. Pero tampoco declaró: su abogado de oficio en España se negó a representarla. La otra presunta testaferro citada, Ana Karlota Figueroa, ni acudió: alegó un accidente de tráfico.

El avance de la investigación se saldó ayer con una nueva imputación: la de Antonio Cardoso Moutinho, administrador de Forever Travel Group, empresa ligada a la trama, según el juez.