La impunidad franquista que España oculta a Argentina

Al haberse cometido con fecha anterior al año 1976 y tener clara motivación política en la Guerra Civil 1936/1939, los autores, caso de sobrevivir en la actualidad, quedarían amparados por dicha amnistía". Este párrafo, redactado el 22 de junio de 2010 por la Audiencia Provincial de Burgos, demuestra que la Fiscalía General del Estado oculta la realidad en el informe enviado el pasado junio a Argentina. En ese auto se asegura que ningún tribunal "ha aplicado la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 ni ninguna otra clase de medida de gracia o indulto" a los crímenes del franquismo.

La Audiencia Provincial de Burgos se basa para amnistiar a los criminales en decisiones en el mismo sentido de otros juzgados a los que le llegó la causa desde el despacho de Baltasar Garzón en el momento en que se vio obligado a inhibirse. Uno de esos es el auto redactado por la jueza de Zaragoza Natividad Rapún Jimeno, que archivó el caso de detención y asesinato, el 26 de agosto de 1936, de 22 afiliados de UGT que acabaron en una fosa de Magallón.

La Audiencia de Burgos se amparó en la Ley de Amnistía para no investigar

Una de esas víctimas que se han visto desamparadas ante la Justicia española es Olga Alcega, nieta de uno de los 81 fusilados en la fosa de Magallón. "La jueza de Zaragoza archivó la causa y no nos comunicaron absolutamente nada", explica. "Nos merecemos que nos den los argumentos. Estoy dispuesta a declarar como testigo en la causa que Garzón tiene pendiente por investigar", reflexiona.

"A mi abuelo lo fueron a buscar el 2 de septiembre de 1936 cuando estaba dando de beber a las vacas en el abrevadero de un pequeño pueblo de 200 habitantes. Le acusaron de hacer mítines de Izquierda Republicana en el café que tenía en su propiedad. Lo mataron y lo juzgaron para incautarle los bienes", describe Alcega. La Justicia nunca ha investigado si esta familia merece una recompensa por el robo de sus bienes.

La Fiscalía justifica que España persigue esos delitos en la causa de Garzón

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que esta semana escribió en un periódico su opinión a favor de la colaboración internacional entre fiscalías, oculta información a la jueza argentina con el objetivo de lograr el archivo de la denuncia presentada el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires por familiares de víctimas de la represión franquista. Una semana después de que se presentara esa denuncia, Pumpido se reunió en Buenos Aires con el fiscal que pidió en primera instancia el archivo de la querella, como denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante el Consejo General del Poder Judicial.

El fiscal justifica que España investiga su pasado aludiendo a la instrucción llevada a cabo por Garzón en la Audiencia Nacional, sin citar el proceso al juez por investigar precisamente los crímenes del franquismo. "La causa abierta a Garzón por prevaricación es un hecho mundialmente notorio que la jueza argentina conoce", advierte el juez de la Audiencia Ramón Sáez Valcárcel. "Es muy duro que un Estado reconozca lo que sabemos todos. Por eso el informe está redactado así. Todos sabemos que el único juez que abrió la única pequeña investigación penal al franquismo está procesado", añade el magistrado.

"Las explicaciones del informe son coartadas para evitar la investigación", asume el abogado de los querellantes en Argentina, Carlos Slepoy. "Citan que hay una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo que está pendiente. Lo esperábamos. Es el argumento más fuerte que tienen. Pero la doctrina del Supremo y del Constitucional en el caso Scilingo, cuando ya había habido juicios en Argentina por la dictadura, demuestra que se puede investigar pese a que exista esta cuestión", explica el letrado.

Lo que no explica es que el juez se sentará en el banquillo por instruir ese caso

Tampoco habla el informe de la Fiscalía de los motivos por los que los tribunales españoles suspendieron a Garzón, pese a que los argumentos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acabó con la carrera del magistrado en ese tribunal son utilizados por los juzgados territoriales para no investigar las fosas comunes. "No me extraña que las víctimas se indignen. Tienen razón. Es un acto de hipocresía claro", reflexiona Sáez Valcárcel.

El 2 de diciembre de 2009, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia esgrime que los delitos que fueron investigados en este tribunal habían prescrito y que por tanto, Garzón había prevaricado al indagar, como denunció el sindicato ultraderechista Manos Limpias. En ese argumento, implícitamente, los jueces no tipifican los delitos como crímenes de lesa humanidad y por tanto darían la razón a los denunciantes en Argentina. La jueza María Servini de Cubría se dirige a España preguntando por una investigación sobre un "plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno".

El Ministerio Público asegura que nadie ha denunciado ese extremo en España como último argumento para frenar la causa. La primera denuncia de diciembre de 2006 habla de un "crimen masivo, de lesa humanidad (...) que causó un general y amplio exterminio (...) en un plan preconcebido de aniquilación humana". La Fiscalía esgrime que, según los juzgados españoles, esas causas han prescrito, negando que este tipo de delitos no prescriben en el tiempo debido a su gravedad.