'Hay poco margen de maniobra', reconocen fuentes del Departament d'Economia para referirse a la reforma del Impuesto sobre Sucesiones en que trabaja el Govern, la última batalla con que los nacionalistas quieren dejar claro que los inquilinos del Palau de la Generalitat han cambiado. Pese a las dudas y limitaciones reconocidas ahora, el programa electoral de CiU planteaba su 'supresión con carácter inmediato', como si tuviera que ser una cuestión esencial del Ejecutivo de Artur Mas. Pero cuando elaboraron el programa, los ideólogos de la federación olvidaron algo: que Sucesiones y Donaciones son dos impuestos, de la misma forma que Convergència y Unió son dos partidos. Y que ninguno de esos tributos puede suprimirlos una comunidad autónoma. Están cedidos y, por ello, la normativa, la gestión y la recaudación es autonómica, pero la competencia máxima sobre la existencia del impuesto sigue siendo del Estado.

La fogosidad en la elaboración del programa, que pretendía dejar en evidencia la incapacidad del PSC para realizar una reforma más profunda en el impuesto en la pasada legislatura, ha acabado pasando factura a los nacionalistas, que han revivido la realidad de la coalición: la unidad es más fácil de desear que de conquistar. Unió quería la supresión absoluta e inmediata pero Convergència está abierta, y así se hará, a efectuarla a plazos y con excepciones. Sólo dará un pasito más que el Tripartito, y para beneficiar a las rentas más altas. Ni supresión total ni tocar Donaciones.

CiU justificaba la medida para evitar la fuga de capitales a otras comunidades

El conseller de Economia, el independiente Andreu Mas-Colell, a quien no agrada la iniciativa, está trabajando en ello y el viernes ya avisaba de que no quiere 'asumir ningún compromiso'. En estos momentos, y más allá del programa electoral, el único argumento para ampliar las bonificaciones está en la posibilidad de que las grandes fortunas catalanas las que reciben herencias de más de un millón de euros, únicas obligadas a pagar desde el año pasado modifiquen su domicilio fiscal para sortear a Hacienda.

CiU quiere poner a Catalunya al nivel de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, donde la imposibilidad de suprimir el impuesto por la autonomía ha llevado a bonificar el 99% del tributo entre familiares de primer y segundo grado. Sólo lo pagan sobrinos, tíos y primos de personas fallecidas con patrimonio. Tras la reforma cerrada por el Tripartito, sólo este nivel de herederos y los cónyuges, hijos y padres que esperan una herencia superior al millón de euros piso a parte tenían que pagar. Eran apenas, según datos de 2009, medio millar de personas. De ese grupo pendiente, el Govern de CiU quiere eliminar únicamente a los familiares directos, lo que ha despertado incomodidad y enojo en Unió.

PSC e ICV creen inmoral beneficiar a las fortunas y recortar servicios

Es la solución que afectaría en menor medida a las maltrechas arcas de la Generalitat. La tesorería autonómica sólo perdería 144 millones de euros este año la reforma se hará con efectos retroactivos a 1 de enero de 2011 respecto a los 314 millones previstos inicialmente, y otros 102 millones el próximo año. Un mal menor para el desbocado déficit y la abultada deuda que soporta la Generalitat. Ésa es la obsesión de un Govern que ultima un recorte de 3.000 millones de euros del que no se librarán ni servicios básicos de la sanidad o la educación.

Todo por asimilarse el régimen de tributación a los niveles de Madrid y Valencia, donde una herencia de 500.000 euros se grava con alrededor de 1.000 euros mientras que en Extremadura se liquidan 106.000 euros. Las intenciones del equipo de Mas complican la posibilidad de que el debate de los Presupuestos de 2011, ahora prorrogados, acabe con el apoyo del PSC. Los socialistas, que ya intentaron llevar a cabo una reforma en el impuesto más liberal que la actual, consideran ahora contradictorio que en época de tijeretazos se renuncie a 144 millones de euros. Esa cantidad supone la mitad de lo que la Generalitat tendrá que pagar este año en intereses por su deuda.

PSC e ICV creen inmoral beneficiar a las fortunas y recortar servicios

Por su parte, ICV-EUiA muestra su indignación. Ya lidió con el ex conseller Antoni Castells (PSC) para rebajar sus pretensiones y ahora considera que CiU pretende eliminar el impuesto con mayor fuerza redistributiva existente en Catalunya y elevar las tasas educativas o beneficiar el negocio privado de la sanidad o la enseñanza.

Y, mientras, el PP observa con atención pero desde la distancia. Alicia Sánchez-Camacho quiere demostrar cuanto antes que populares y nacionalistas pueden volver a ser aliados estratégicos y quiere basar precisamente ese estado de confianza en el área económica. Ya ha dado pasos en la dirección incluso de apoyar un modelo de financiación similar al concierto, pero el primer apoyo podría llegar en la votación de los Presupuestos antes del verano. Eso será posible sólo si CiU admite introducir en el debate la bonificación total del Impuesto de Donaciones, de la que los nacionalistas no quieren ni hablar. Pero necesitarán apoyos.