Ignorar la corrupción tiene premio

Francisco Camps

Candidato del PP 

Es president de la Generalitat desde el año 2003. Conocido por su imputación por un presunto delito de cohecho en el ‘caso Gürtel'. La supuesta corrupción no ha afectado a sus inmejorables expectativas electorales.  

Candidato del PSOE 

Dirige el PSOE valenciano desde 2007. Antes fue alcalde de Alaquàs (Valencia) con mayoría absoluta. Utiliza los casos de corrupción como un camino a la victoria, aunque los sondeos le pronostican un varapalo.  

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En las bocas del metro de Valencia, los repartidores de publicidad ofrecen su mercancía. Entre anuncios de santeros africanos y de academias de oposiciones, reparten revistas con la cara de un hombre joven y sonriente. Es Jorge Alarte, el candidato socialista a la Generalitat valenciana, aunque para averiguarlo hay que dedicar tanta atención al folleto como a un juego de las siete diferencias. Porque las siglas PSOE son tan pequeñas que quienes padecen de vista cansada tienen que echar mano de las gafas de cerca. Y están escondidas, como exiliadas, allá en la esquina superior derecha de la portada.

Lo de repartir revistas con su cara y su programa en total, han editado medio millón de ejemplares es una de las estrategias con las que Alarte ha pretendido darse a conocer a la ciudadanía. Sólo lleva dos años y medio en el cargo de secretario general de su partido y, según el CIS, sólo el 40,4% de los habitantes del País Valencià sabe de su existencia. Así que el PSOE ha desplegado una agresiva campaña de presentación a través de carteles, revistas, anuncios en prensa y entrevistas. Siempre con la estrategia de disimular en lo posible las siglas de su partido. El objetivo es que los votantes vean en él una alternativa al PP pero no lo identifiquen con la chamuscada imagen pública del PSOE.

Aparte de las alabanzas al líder, la revista que reparten los socialistas aporta datos sobre los principales problemas de la comunidad autónoma, que el PP gobierna desde 1995. Denuncian la precariedad de los servicios públicos, con las listas de espera más largas de toda España o los 18.000 niñosque estudian en barracones por falta de dinero para construir colegios. Abordan también las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido ha dejado a 250.000 jóvenes en paro, o los 50.000 millones de deuda pública de la Generalitat valenciana.

Pero, sobre todo, la revista, titulada Dignidad y honradez, trata el tema de la corrupción. Esta, junto al desempleo, son el principal argumento de la campaña electoral en el País Valencià. De puertas afuera es, además, el rasgo diferencial de esta tierra en los últimos años. En la comunidad autónoma se cruzan y superponen tres escándalos de corrupción. El caso Brugal afecta a Alicante y mantiene imputado al presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, entre otros. En Castellón, el protagonista es Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, acusado desde hace siete años de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Por último, está la madre de todas las presuntas tramas de robo de dinero público: el caso Gürtel, que se ha cebado en la cúpula autonómica del PP.

Tan alto ha llegado la presunta corrupción, que ha tocado al mismo president de la Generalitat y candidato a la reelección, Francisco Camps. Sobre él pesa la imputación de cohecho pasivo impropio, por haber recibido miles de euros en trajes de los dirigentes de la trama corrupta. En el mismo periodo de tiempo en el que agasajaron a la máxima autoridad valenciana, los empresarios recibieron millonarios contratos de la Generalitat. Además, el Tribunal Superior de Justicia autonómico decide estos días si asume la investigación sobre los indicios de financiación ilegal que otro tribunal, el TSJ de Madrid, ha hallado en miembros del PP, entre los que destaca el vicepresidente valenciano Vicente Rambla.

La prensa ha aireado detalles sobre la estrecha relación entre el PP y la trama corrupta. Esta cercanía posibilitó el presunto acceso de los empresarios a información privilegiada sobre contratos públicos y la supuesta adjudicación fraudulenta de muchos de ellos. Francisco Correa y los suyos se llevaron, por ejemplo, tres millones de euros de dinero público en comisiones de la visita del papa a Valencia en 2006.

Es un alud de indicios que se estudia lentamente en los tribunales desde hace dos años. Pero la sociedad valenciana, a juzgar por las encuestas, no se da por enterada. Hasta 60 escaños, frente a los 54 actuales, obtendrán los conservadores según el CIS. El PSOE, en cambio, bajaría de 38 a 33. Parece claro que el PP ha conseguido preservar su apoyo electoral. Y lo ha hecho gracias a una monolítica estrategia de la que no se salen un milímetro. Se trata de presentar la investigación judicial como un ataque orquestado desde el PSOE nacional, una "arti-maña" de Zapatero, en palabras de Camps, para debilitar al PP valenciano y así ganar las elecciones generales.

Pero, sobre todo, la estrategia consiste en no dar explicaciones. Ni una. Francisco Camps no habla del tema en sus mítines. En las contadas ocasiones en las que atiende a los periodistas, pone cara de póquer cuando se le pregunta por el tema. A partir de ahí, suele oscilar entre dos respuestas: o bien dice que no es el día de hablar de eso, o contesta sobre otro tema. Así lleva más de dos años. El president no responde. Él sabe que es difícil escribir un día tras otro sobre el mismo silencio y, todavía más, sacarlo en la tele. Es cuestión, pues, de perseverancia, mantenerse arriba en las encuestas.

Enric Morera, candidato de Compromís

Encabeza la coalición formada por el Bloc Nacionalista Valencià, Els Verds e Iniciativa del Poble Valencià, una reciente escisión de EUPV. Morera es secretario general del Bloc, el partido con más peso de la formación. Los sondeos predicen que quedarán fuera de Les Corts valencianas, aunque las perspectivas han ido mejorando a lo largo de la campaña electoral.

Marga Sanz, candidata de EUPV

Fue secretaria general del Partido Comunista regional hasta que en marzo de 2009 accedió al cargo de coordinadora de IU en el País Valencià. Las encuestas le asignan en torno a seis diputados. Los principales argumentos de su campaña son la crítica a la corrupción y la defensa de los servicios públicos frente a la semiprivatización emprendida por el PP en la sanidad.