El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, cree que la reclamación del Gobierno a la Iglesia Católica de los bienes inscritos a su nombre pueden parecer "los deseos de una desamortización encubierta", que repercutirían en la acción social de la Iglesia.

Es la respuesta de la CEE a la intención del Gobierno de reclamar a la Iglesia, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público.

El Ejecutivo estima que son unos 40.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia (entre ellos la mezquita de Córdoba o la catedral de Burgos) si bien Gil Tamayo asegura que la CEE no tiene "ningún registro" de estos bienes.

"Estamos tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente", ha defendido el secretario general de la CEE, que explica que lo que ha hecho la Iglesia, "cuando ha estado posibilitado por la legislación", es inscribir en el registro aquellos bienes que de manera secular ha poseído.

Aclara que el proceso de inmatriculación "no es un mecanismo de adquisición de propiedad de un bien", ya que esa propiedad ya se tenía. "Lo único que se ha hecho es darle constancia en aquellos que ha posibilitado la ley".

"Inembargables, imprescriptibles y no enajenables"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado que están estudiando los mecanismos para ver cómo se pueden recuperar los bienes de dominio público inmatriculados por la Iglesia Católica, que son, ha recordado, "inembargables, imprescriptibles y no son enajenables".

Su departamento, ha señalado hoy la ministra, está llevando a cabo un censo de los bienes que se hará público respetando la protección de datos, y se analizará jurídicamente, en los casos que proceda, la "reversión" al dominio público, pero eso no quiere decir -ha aclarado Delgado- que se vayan a reclamar.

Para el PP, esta decisión del Ejecutivo no es más que una "cortina de humo", ha subrayado la portavoz popular, Dolors Montserrat, cargando contra la izquierda que lleva "toda la vida preocupada por resucitar a Franco y enfrentarse a la Iglesia Católica".

Otros grupos políticos como Unidos Podemos han señalado que el procedimiento de inmatriculación llevado a cabo por la Iglesia supone "el mayor expolio cultural de la historia de nuestro país", según la portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha señalado que es partidario de estudiar cualquier sombra de sospecha que pueda haber en este caso como en todos los que tenga que ver con los registros públicos.