Un informe de la Guardia Civil entregado a la jueza de Sevilla que investiga el presunto fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) indica que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal imputado en este caso, pudo suscribir compromisos de pago por valor de 15 millones de euros en los dos días anteriores a su cese.

En el informe sobre el ERE en el restaurante sevillano Río Grande, al que tuvo acceso Efe, la Guardia Civil afirma que entre los 13 beneficiarios hubo dos persona ajenas a esta sociedad: Carmen Fontela, una pensionista de 67 años que nunca había trabajado en la empresa, y María José Rosa Aparicio, amiga de la dueña del negocio, cuya póliza le asignaba una percepción entre 2005 y 2013 de 106.437 euros, si bien debido a su fallecimiento sólo llegó a cobrar 10.146 euros.

También recogen los investigadores que, ya en 2003, se hizo un primer intento de incluir a Carmen Fontela y a Juan Lanzas exsindicalista de UGT y mediador en varios de los ERE investigados como beneficiarios en la póliza de Mercasevilla, si bien luego Lanzas y su esposa fueron incluidos en el de la empresa malagueña Hitemasa.

En cuanto al expediente del citado ERE en el restaurante, la Guardia Civil afirma que la Junta tramitó y concedió una ayuda extraordinaria 'prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo' y que de lo investigado se deduce que se utilizó una figura de subvención excepcional 'con una frecuencia tal que desvirtúa una de sus principales características: la excepcionalidad de su uso'.