La guerra del parking

Los jueces y los fiscales no sólo discuten por autos y sentencias judiciales, sino también por la asignación de las 22 plazas de aparcamiento existentes en la sede provisional de la Audiencia Nacional en la calle Prim, en Madrid. Una treintenta de altos cargos políticos y judiciales se están ocupando de esta cuestión doméstica entre togados, aunque no han sido capaces de resolver el contencioso generado por ese bien escaso que son en este momento los puestos para dejar el coche.

Los ocho miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, todos jueces --incluye al presidente del tribunal y a los de sus tres salas-- acordaron otorgar la mayoría de las plazas de parking a magistrados, algún forense y secretario judicial, y dejar 4 puestos a los fiscales --que en la Audiencia Nacional son 15--.

La distribución no gustó a la Fiscalía, y su fiscal jefe, Javier Zaragoza, ni corto ni perezoso, consideró el asunto de entidad como para elevar un escrito al Consejo General del Poder Judicial denunciando lo que consideraba un agravio a los representantes del Ministerio Público.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anulado esta semana el acuerdo de la Audiencia Nacional que enfrenta a jueces y fiscales de este órgano por la escasez de plazas de aparcamiento en la nueva sede de la madrileña calle Prim. El fiscal jefe en la Audiencia, Javier Zaragoza, denunció el acuerdo por favorecer a los jueces frente a los miembros de su equipo.

La discusión ha sido tomada con gran interés y seriedad por el Consejo del Poder Judicial, y en su Pleno de este jueves ha generado una fuerte división. La ponencia de la vocal Almudena Lastra --ella misma de profesión fiscal-- en apoyo del recurso de alzada de Zaragoza ha obtenido 11 apoyos, mientras que 8 vocales han votado en contra y se ha contabilizado también una abstención.

Entre los favorables al acuerdo, el presidente y vicepresidente del Consejo, Gonzalo Moliner y Fernando de Rosa, respectivamente, han informado fuentes de este órgano. Los vocales que han quedado en minoría apoyaban que se avalase lo decidido por la Sala de Gobierno de la Audiencia, al entender que es competente en la cuestión.

La propuesta remitida al Pleno por la vocal Almudena Lastra señalaba que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que fue la que efectuó el reparto, carecía de competencia para adoptar una decisión que corresponde al Ministerio de Justicia.

Se habían asignado a la Fiscalía 4 plazas para sus 15 miembros en la Audiencia Nacional de un total de 22 plazas. La mayor parte de las plazas  disponibles se reservaron para los jueces -que son 26 entre Sala e Instrucción Penal-, forenses, algún secretario judicial, así como para los coches oficiales para incidencias y traslados a la sede de San Fernando de Henares.

Según la resolución del CGPJ, el reparto "es obvio que va más allá de la competencia de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para fijar normas de utilización de los medios en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial".

La vía para el reparto de las escasas plazas existentes debería haber partido de la Fiscalía General del Estado, mediante una petición a la denominada "Comisión Mixta" que es la que debe efectuar la propuesta al Ministerio de Justicia, competente para el reparto.

En su día, tras conocerse el recurso presentado por Zaragoza ante el CGPJ, desde la Audiencia Nacional se aseguró que, dada la escasez de plazas, el reparto se ha realizado de forma equitativa, distribuyéndose proporcionalmente los puestos existentes.

Las mismas fuentes destacaron que hay jueces que se han quedado sin plaza y que algunos secretarios judiciales que disponían de este recurso en una zona de tan difícil estacionamiento como es la cercana a la Plaza de Colón se han quedado sin ella. También se han reservado plazas para personas con discapacidad que trabajan en esta sede judicial, a la que acuden cada día unos 400 trabajadores.

En abordar la cuestión del parking, aún no resuelta, han intervenida hasta ahora ocho magistrados de la Audiencia, un fiscal jefe y 21 miembros del Consejo del Poder Judicial. En total treinta altos cargos judiciales con un sueldo anual superior a los 2,5 millones de euros brutos. Ahora resta la intervención de los políticos del Ministerio de Justicia, también convenientemente retribuidos, que tomaron la decisión definitiva (o no, si alguien la recurre).