El Gobierno proyecta crear un CNI económico

El Gobierno ha recopilado, por primera vez en su historia, todos los riesgos y amenazas que acechan al país para elaborar una estrategia que marcará la política de seguridad de los próximos años. Un equipo interministerial coordinado por Presidencia ha trabajado durante un año en la elaboración del informe bajo la dirección del ex Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Javier Solana.

El documento titulado Estrategia española de seguridad, que será aprobado en un próximo Consejo de Ministros, no reconoce como peligros sólo aquellos asuntos tradicionalmente delicados como el terrorismo o los conflictos armados, sino que amplía su visión a problemas como las catástrofes medioambientales, las ciberamenazas o la inseguridad económica y financiera.

El documento insta a reforzar la colaboración con Argelia y Marruecos

Sobre este último asunto, el grupo de expertos ha realizado una serie de propuestas para hacer frente a la inestabilidad de la economía de mercado. El texto, al que tuvo acceso Público, insta al Ejecutivo a potenciar la presencia económica internacional española estableciendo un Sistema de Inteligencia Económica (SIE), una especie de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que "promueva y defienda los intereses económicos nacionales".

"En colaboración y coordinación con otros organismos del Estado apunta el texto el SIE analizará y facilitará información económica estratégica relevante, oportuna y útil" para facilitar "una mejor toma de decisiones". Estrategia española de seguridad plantea la estabilidad económica como "la base de la estabilidad social" y, por ello, asegurará una "correcta supervisión y regulación" de los mercados e intensificará su lucha contra todo tipo de actividades delictivas de índole económico.

Plantea una solución "negociada, justa y definitiva" a la cuestión del Sáhara

En el plano exterior, el Gobierno diseñará sus políticas situando al continente africano y al Magreb, como zonas "esenciales para la seguridad de España y del conjunto de Europa". El texto determina que el norte de África "es una zona prioritaria", no sólo por la ubicación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sino "por la proximidad geográfica y los lazos históricos y humanos". El informe establece la necesaria "colaboración" española "con todos los países" del Magreb y, "en particular", con Argelia y Marruecos.

Esta es una de las razones que ha esgrimido el Gobierno para justificar su no condena al brutal ataque marroquí del pasado día 8 contra el campamento de protesta Gdeim Izik de El Aaiún. De la mano de Marruecos, concreta la estrategia, se debe responder a "importantes desafíos", como "la regulación y el control de la emigración o la lucha contra el terrorismo". Otro de los retos es, precisamente, la búsqueda de "una solución negociada, justa y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental".

España tendrá en cuenta especialmente la situación en el Sahel, "un terreno fértil para redes delictivas y grupos terroristas yihadistas" como Al Qaeda en el Magreb Islámico", apunta el informe. El terrorismo islamista es una de las principales amenazas para la seguridad de España y el riesgo de sufrir ataques puede verse incrementado aún más en los próximos años por diversos factores: el informe alerta del peligro de que los yihadistas reivindiquen Al Ándalus "con fines proselitistas y de reclutamiento", y apuntan, además, al posible "efecto contagio" de "ideologías radicales en grupos de población originarios de zonas conflictivas" asentados en España. "Sobre todo en residentes de segunda generación", matiza.

La perspectiva es más positiva sobre ETA. Los expertos reconocen que la banda terrorista "ha sido una lacra a lo largo de 40 años", pero apuntan a que "la madurez y unidad de la sociedad española y la eficacia policial y judicial la han puesto en estado terminal".

Para dar solución a las dudas que pudiera generar la intervención española en cualquier conflicto armado, el estudio contempla la creación de una Unidad de Respuesta Integrada. Se trata de un organismo para "potenciar la coordinacion civil-militar ante la proliferación de un conflicto".