En los últimos cinco años, período de convivencia del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y la última legislatura europea, Bruselas ha elogiado las políticas de igualdad del Ejecutivo español.

La paridad en el Gobierno, la protección del derecho al aborto, al matrimonio homosexual o a la propia integridad física, en el caso de las mujeres maltratadas, 'han sido ejemplo de cómo se pueden romper estereotipos desde los poderes públicos y proteger mejor a los ciudadanos', recordaba hace unos meses en conversación con Público Margot Walls-trom, vicepresidenta saliente de la Comisión.

Una nueva euroorden protegerá a las mujeres maltratadas

En su semestre europeo, el Gobierno pretende europeizar sus políticas de igualdad, incluidas dentro de la agenda social y de los derechos ciudadanos uno de sus ejes de actuación. La creación de un observatorio comunitario de la violencia doméstica y una orden europea de protección de víctimas de delitos violentos serán la punta de lanza de las medidas que España espera impulsar para recordar a los 27 que la Unión no es sólo un negocio.

'Queremos que la lucha contra la violencia de género, sea una lucha de toda Europa', aseguró recientemente Bibiana Aído, ministra de Igualdad. El objetivo es, según Aído, dibujar un mapa que refleje la situación real de un problema que no afecta sólo a España. 'Necesitamos un diagnóstico común', aseguró la ministra, sobre todo en los países donde el maltrato 'se disfraza bajo otros problemas' y 'no se cuenta de manera específica ni diferenciada la violencia de género'.

España coordinará el diseño de una estrategia europea de seguridad interior

España consensuará un plan de igualdad de oportunidades para 2011-2015 que marque las prioridades europeas tras la presidencia española.

Además, las mujeres maltratadas se verán beneficiadas por la creación de una euroorden de protección contra delitos violentos que impulsará el titular de Justicia, Francisco Caamaño. La iniciativa va más allá del ámbito de la violencia doméstica, y se aplicará a toda víctima y amenazado en territorio europeo.

El énfasis estará esta vez no en el agresor, sino en la protección del agredido. Según el ministro Caamaño, la orden europea se centrará en la víctima 'con el fin de que las medidas dictadas en su favor en el país en que reside se adopten también en cualquier otro Estado miembro al que decida trasladar su residencia o en el que pase largas temporadas'.

España reforzará los derechos de los ciudadanos contemplados por el Tratado de Lisboa, articulando la iniciativa popular a nivel europeo, que obligará a las instituciones de la UE a legislar sobre una preocupación ciudadana que esté apoyada por un millón de firmas de varios Estados miembros.

Con el nuevo tratado, la UE pasará a tener personalidad jurídica propia, por lo que podrá suscribir la Convención Europea de Derechos Humanos, interpretada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La firma de la Convención hará que las decisiones de la Unión Europea estén sujetas al tribunal de Estrasburgo, lo que implica que cualquier ciudadano europeo podrá llevar a juicio decisiones de la Unión Europea que lesionen sus derechos fundamentales.

En cuanto a la seguridad interna de la UE, España coordinará el diseño de una estrategia europea. El documento señalará 'las amenazas que la UE comparte, los principios y los valores que nuestras políticas tienen que considerar a la hora de aplicar remedios', y las prioridades para los próximos años, según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El refuerzo de la lucha contra el terrorismo, la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad e inmigración o la lucha contra la droga en África o América Latina serán las prioridades de Rubalcaba, que ya ha iniciado las consultas previas para cumplir con el programa.