El Gobierno avalará el uso del pañuelo

El Gobierno ha resuelto que el uso del hiyab (pañuelo islámico en la cabeza) sea considerado como un símbolo religioso y, por lo tanto, pueda ser utilizado por cualquier persona en cualquier lugar, incluida la escuela pública. Así lo han confirmado a Público fuentes del Ministerio de Justicia, que resumen la tesis que se maneja en el Palacio de la Moncloa con una frase directa: "Llevar el pañuelo islámico no es ilegal en España".

Estas mismas fuentes recalcan que el Gobierno quiere abordar "con prudencia" el debate abierto tras el reciente caso de Najwa, la estudiante de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que tuvo que cambiar de instituto porque las normas de su centro le impedían llevar el pañuelo. El principal fin del Ejecutivo es evitar que la cuestión se convierta en argumento en la batalla política. No obstante, muestran su convencimiento de que ven "factible" normalizar la presencia de este símbolo en la esfera pública.

En esta misma línea se expresaron ayer destacados dirigentes del PSOE que asistieron en Córdoba a la Conferencia Internacional sobre Libertad Religiosa en las Sociedades Democráticas. Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, recalcó en este foro, al que acuden más de un centenar de expertos de toda Europa y representantes de las principales confesiones religiosas, que sucesos como el de la joven Najwa son "excepcionales" en España.

"El pañuelo islámico no ofende a nadie ni atenta contra el orden público"

Más contundente se mostró el ex ministro de Justicia y eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, quien señaló que la menor "tiene derecho a ejercer en plenitud su integración en el sistema educativo". Para el ex ministro, "el pañuelo islámico no ofende a nadie ni atenta contra el orden público" y no se puede equiparar con un sombrero o una gorra. "El pañuelo de Najwa sólo se puede comparar con la kipá de un hebreo o con la toca de una monja", añadió.

Y es que el debate está, precisamente, en la consideración del pañuelo islámico como un símbolo religioso o como una prenda más. En este punto, el Ejecutivo parece dispuesto a optar por la primera opción, aunque no habrá una referencia expresa al tema en la Ley de Libertad Religiosa, cuyo anteproyecto aún se está elaborando, sino más bien un intento por normalizar el uso del hiyab como un signo de identidad religiosa personal.

Preguntado por esta cuestión, el director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, mantuvo ayer que en esta polémica "se confrontan dos derechos que están en la Ley de Educación: el de los centros a poner sus propias reglas y el del alumno a su libertad religiosa". En este sentido, Contreras añadió que "es el centro quien tendría que demostrar por qué llevar el velo va en contra de la convivencia".

No obstante, el delegado gubernamental quiso aplicar pragmatismo a la situación y destacó que esta no se arreglará en los tribunales, en referencia a la demanda puesta recientemente por los padres de la menor. "El problema es que a la niña hay que escolarizarla ahora", añadió.

El Ejecutivo pretende evitar que la cuestión se convierta en argumento en la batalla política

López Garrido incidió en esta línea y añadió que "es muy importante tener claro que hay que defender siempre los derechos de las personas". El secretario de Estado evitó entrar en la polémica de la dimisión de la concejala musulmana del PP en Ginés (Sevilla) ya que, dijo, "es un asunto interno de un partido".

Por su parte, la subdirectora del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, criticó a los "defensores del choque de culturas y de los extremismos radicales", contraponiendolo al espíritu de la Alianza de Civilizaciones, que "quiere combatir el extremismo, la intolerancia y la xenofobia".

Sobre la polémica del pañuelo, esta alto cargo de Justicia indicó que "las respuesta no pueden venir de medidas coyunturales, sino de una toma de posición clara" a favor de la libertad de profesar libremente la religión.