El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que se revisarán todas las licencias otorgadas que tengan alguna relación con los miembros de la presunta trama de corrupción en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento. También implantará una oficina de denuncias de los ciudadanos.

Como ejemplo de su propuesta de externalizar parte de la tramitación de licencias municipales mediante la certificación de instituciones o empresas privadas, se refirió a la práctica de la inspección técnica de vehículos (ITV) o las revisiones de los ascensores o el gas. Negó que implique la privatización del servicio porque el Ayuntamiento mantendrá el control y la sanción. Dijo que sería como una “autolicencia inicial” cuando no haya actividades molestas o insalubres.

Tras una nueva defensa del cuerpo de funcionarios, dijo haber consultado con el juez encargado del caso, Santiago Torres, sobre las medidas a adoptar contra los supuestamente implicados. No precisó si alguno ha vuelto a su puesto de trabajo, tras declarar en el juzgado, o se les ha apartado de sus funciones.

Auditoría interna

El portavoz municipal socialista, David Lucas, cree que privatizar la concesión de licencias para evitar corrupción es “como poner la zorra a cuidar las gallinas”. Exigió, por el contrario, realizar una auditoría interna en el Ayuntamiento.

Lucas lamentó haber tenido noticia de la operación Guateque cuando la Guardia Civil ya estaba registrando sedes municipales y que, a día de hoy, el Ayuntamiento no les haya informado. “Es lamentable”, afirmó.

También señaló que las personas relacionadas con estas supuestas irregularidades ya habían sido investigadas en el pasado. A su juicio, en 18 años de gobierno del PP ha habido tiempo para “depurar responsabilidades”.