Gallardón busca aliviar los juzgados a golpe de copago

Alberto Ruiz-Gallardón puso ayer fin a las especulaciones sobre qué perfil iba a adoptar al frente del Ministerio de Justicia, un departamento que tradicionalmente ha carecido de la relevancia mediática que acompaña desde lejos al político madrileño. Ante la Comisión de Justicia del Congreso, en una primera comparecencia dedicada a exponer las líneas generales de su mandato, el ministro anunció que los ciudadanos que pretendan recurrir una decisión judicial en segunda instancia deberán pagar unas nuevas tasas por ello, quedando exentos de las mismas únicamente "quienes no tengan recursos".

Gallardón acompañó este anuncio de una batería de medidas que incluyen la aprobación de seis nuevas leyes y otras tantas reformas legislativas parciales. Todas ellas aparecen recogidas en el programa electoral del PP, no así el pago de tasas por acudir a segunda instancia, el "copago judicial", según se encargó de calificarlo de inmediato la oposición.

La medida no había sido incluida en el programa electoral del PP

Con su anuncio, el exalcalde de Madrid se suma al sector del Ejecutivo que ya ha desvelado medidas que forman parte de lo que sus adversarios en campaña denominaron "agenda oculta" del PP, como la subida de impuestos.

El ministro de Justicia se escudó, no obstante, en que las tasas judiciales "existen desde hace muchísimos años" y que sólo en 2010 sirvieron para recaudar 172 millones de euros. ¿Qué cambia entonces? En la actualidad sólo se paga, tanto en primera instancia como en segunda, una pequeña cantidad que desemboca en un "abuso" de la Administración de Justicia, según expuso Gallardón. A partir de la reforma subirá la cuantía sólo en el caso de recurso. Ese "exceso de litigiosidad", como definió Gallardón la causa de la saturación de los juzgados, es el verdadero origen de la medida. Si Francia, con 65 millones de habitantes, tramita al año 6 millones de asuntos; España, con una población de 47 millones alcanza los 9,3 millones de litigios, expusó el ministro.

El ministro dice que quedarán exentos aquellos que "no tengan recursos"

La cifra pone de manifiesto, según Alberto Ruiz-Gallardón, el uso "no racional" de la justicia. Para evitarlo, además de la subida de las tasas, el Gobierno aprobará una nueva Ley de Mediación, que regule esta práctica en el ámbito civil y mercantil. El ministro no precisó a qué ciudadanos se considerará exentos de pagar las nuevas cuantías y qué deberán acreditar para ello, aunque adelantó que las tasas se fijarán con "un criterio económico ecuánime y ponderado". En cualquier caso, las cuantías de las tasas a partir de la segunda instancia serán recogidas en la próxima Ley de Presupuestos. En el caso de que el recurso presentado prospere, las cantidades abonadas por el litigante le serán devueltas. Tampoco facilitó el ministro un cálculo de cuánto se podría llegar a recaudar, pero sí concretó que la cantidad será invertida en nuevas tecnologías que mejoren la Administración judicial. A pesar de ello, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, no dudó en denunciar la inauguración de una "justicia de dos velocidades".

La idea del copago en la justicia era algo que rondaba al Partido Popular y que provocaba posturas encontradas en el seno de la formación que lidera Mariano Rajoy. El pasado agosto, el consejero valenciano de la materia, Jorge Cabré, defendió la medida, aunque el Gobierno del Alberto Fabra no ha profundizado en ella. "La justicia es un servicio público diferente de la educación y la sanidad, donde se va a diario, en justicia hay personas que jamás hacen uso, es más bien excepcional", aseguró entonces el conseller.

Gallardón denuncia que los españoles "abusan" de la segunda instancia

En octubre, a un mes de que el Partido Popular ganara las elecciones generales, Cristóbal Montoro descartó la medida en una tertulia del canal 24 horas de Televisión Española. "Sea quien sea el que lance este tipo de propuestas, son una simplificación de lo que hay que hacer", afirmó el hoy ministro de Hacienda. Gallardón defendió ayer que, al tratarse de un pago para la segunda instancia, se asegura la "tutela judicial" de los ciudadanos. No pensaba así Montoro: "Desde luego, establecer el copago para desanimar a la gente a reclamar ante la justicia cuando cree que tiene derecho a ello Pero insisto, es que no es gratis para quien reclama, y eso hace que mucha gente no lo haga y desista".