Gallardón atribuye a intereses corporativos el rechazo a sus reformas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido este martes la oposición de todo el sector judicial a sus reformas a "intereses legítimos pero corporativos", que difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia. Dieciocho organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado este martes contra las reformas del ministro.

Gallardón ha asegurado que los jueces, y en concreto, la conservadora y mayoritaria en el colectivo Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fueron los que pidieron las tasas judiciales al inicio de legislatura. Ha añadido que los abogados, por su parte, las rechazan, pero están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados.

El ministro ha respondido a las asociaciones de jueces y fiscales, que no le consideran "interlocutor": "A quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él; mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos".

En cuanto a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, Gallardón ha respondido: "Al margen de que tengan o no ese derecho, lo importante es si eso es lo más adecuado y lo más responsable".

"Les hemos quitado una paga extraordinaria, y otros en esa situación han hecho huelga. Pero un juez, además de funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tienen obligaciones", ha añadido Gallardón.

"¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?", ha cuestionado, para insistir en estar dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces, fiscales y abogados hayan pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 En otro orden de cosas, el ministro se ha referido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido la "despolitización" de ese órgano, tras advertir de que el 76% de los últimos nombramientos corresponden a jueces asociados.