Un proyecto de ‘fracking’ amenaza cientos de empleos en Zaragoza
El aval del Supremo y los datos sísmicos repicados
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ZARAGOZA .- “Ahora tenemos pleno empleo, pero si falla el agua nos quedamos sin vida. Tendremos un 100% de paro”, explica Joaquín Barriga, alcalde de Jaraba. “Si hubiera alguna desgracia que afectara a los acuíferos, sería para coger a maleta y dejar el pueblo”, coincide José Carlos Tirado, alcalde de Ariza.
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Sus municipios son dos de los ocho de la zona suroeste de la provincia de Zaragoza que ven su modo de vida amenazado por el proyecto Cronos, un permiso para investigar y extraer hidrocarburos mediante técnicas de fracking o factura hidráulica del subsuelo de una superficie de 96.961 hectáreas en las vecinas provincias de Soria y Guadalajara, y que acaba de ser ratificado por el Supremo.
Sin embargo, la amenaza no se circunscribe a esa subcomarca zaragozana de unos miles de habitantes. Los pinchazos se producirán en la zona bajo la que se extiende el unidad hidrogeológica del Alto Jalón, una masa de agua subterránea de 2.295 kilómetros cuadrados de extensión y 350 metros de profundidad que se extiende por Aragón y las dos castillas y que incluye reservas naturales como la Laguna de Gallocanta, punto de parada dos veces al año unas 200.000 grullas en sus migraciones entre Europa y África, y fenómenos geológicos como el rosario de manantiales de los Ojos de Monreal.
El aval del Supremo y los datos sísmicos repicados
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en 2013, levantó las alarmas en las tres provincias y provocó recursos de Ecologistas en Acción, de los dos municipios zaragozanos y de una plataforma antifracking con base en Almazán. Todos ellos han sido desestimados. El último, el de los ayuntamientos, al considerar el Supremo “suficientes” y “rigurosos” los requisitos de prevención ambiental que exige el Gobierno en una zona con varios enclaves de la Red Natura: volver a procesar la información sísmica existente sobre la zona y realizar sondeos exploratorios en pozos poco profundos, para tramitar una declaración de impacto ambiental en caso de abrir los pozos.
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“Es lamentable que defender al pueblo cueste dinero”
Ariza ha tirado la toalla en la vía judicial, confirma su alcalde, y no irá al Constitucional, cuyo amparo sí estudia solicitar la plataforma. Jaraba lo decidirá en un pleno a final de mes. “No sé cómo abordar este tema. Se nos va de las manos”, confiesa el primer edil de Jaraba: “Ir al Constitucional cuesta dinero, y nosotros tenemos poco y preferimos invertirlo en la escuela del pueblo. Lo consideramos prioritario. Mientras haya pueblo, claro”.
Una forma de vida que depende del agua
Sin embargo, la dependencia del agua es total en el resto de la zona, con municipios como Ibdes, Ariza o Monreal de Ariza y enclaves turísticos como el Monasterio de Piedra, un parque natural de grutas y cascadas excavadas por el río del mismo nombre que supone uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.
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Más de 2.500 hectáreas protegidas
Las masas de agua subterránea de carácter mineral y termal sí cuentan, en las zonas en las que afloran, con perímetros de protección recogidos en el Plan Hidrológico del Ebro (PHE) y en los que están limitadas las actividades productivas.
188.000 euros de capital para una inversión de 30 millones
El decreto que dio luz verde al proyecto Cronos, que contempla una inversión de 15 millones de euros durante seis años, preveía que los trabajos de prospección comenzaran en seis meses, que comienzan a correr desde la sentencia del Supremo, y que el primer pozo de fracking pudiera ser abierto a partir del tercero.