La Fiscalía rebaja su petición de cárcel y cambia el delito para los cinco sindicalistas de La Rioja

La Fiscalía ha ofrecido este martes, durante la vista oral del juicio contra cinco miembros de CCOO por unos supuestos incidentes en una fábrica durante la huelga general del 29 de septiembre del 2010, una alternativa por la que rebaja su petición de cárcel de dos a un año al cambiar la acusación de un delito de coacciones a otro de atentado contra el derecho de los trabajadores.

Una oferta que la defensa de los cinco acusados, entre los que se encuentra el secretario general del sindicato en la región, Koldo González, ha rechazado. "Queremos que se celebre el juicio para que el sindicato recupere su honorabilidad, ya que nunca hubo incidentes violentos como manifestaba la acusación", ha explicado a Público el propio González.

El juicio se celebra en relación a una denuncia que interpuso la empresa Talleres Lispar en la que acusaba a un piquete informativo de coaccionar a los trabajadores y actos violentos en el interior de la fábrica la noche de la huelga general del 2010, algo que han negado los sindicalistas desde el principio. El escrito inicial de la acusación del Ministerio Fiscal imputaba a los acusados dos delitos: uno de Coacciones y otro de Daños, que suponían dos años de cárcel (por las Coacciones) y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros (por los Daños) contra los cinco acusados. El cambio propuesto por la fiscal-de aceptarlo la jueza- supondría que la petición para los acusados se rebajaría a un año, aunque a los nueve meses de multa se le añadirían otros seis (a seis euros al día).

En cualquier caso, la fiscal entiende que "ha sido amenazado" el derecho de los trabajadores de la empresa a decidir, libremente, ir a trabajar el día que había convocada una huelga general.

También ha visto reconocido que dejaron de trabajar "por miedo" porque no se trató de un piquete informativo sino que se les instó a dejar de hacerlo "de forma agresiva".

En este mismo orden de cosas las seis testigos llamadas a la causa han explicado que los integrantes del piquete generaron un "caos total" y un "follón de miedo", desenchufaron las máquinas, lanzaron petardos en zonas donde había productos inflamables, les insultaron y abrieron llaves de agua. Las seis han hablado de "miedo".

 El responsable de la empresa, Juan Antonio Apellaniz, ha asegurado que "sacaron del eje" la puerta de entrada y accedieron con "insultos y empujones". Incluso ha apuntado a agresiones físicas que no se han denunciado. La fábrica "se tuvo que cerrar por miedo", ha dicho.

"La oferta de la fiscal prueba la poca sustancia de la acusación" 

Sin embargo, los acusados han asegurado que se encontraron la puerta abierta y han calificado la acción del piquete de "pacífica". Se han negado los insultos y, con respecto a los petardos, uno de los acusados ha explicado que se lanzaron fuera de la fábrica y lejos de ésta; "en una parte diáfana de la carretera".

Esta línea ha sido apoyada por un integrante de UGT, que esa noche coincidió en la fábrica también en acción de piquete, quien ha explicado que fue el propio responsable del turno el que anunció que se iban a apagar las máquinas para que hablasen fuera con los trabajadores. Todos los acusados han insistido en que ellos no pudieron apagar las máquinas porque no pasaron "la línea amarilla" que da a esta zona.

El abogado de los acusados, Fausto Sáiz, ha resaltado cómo no se habían concretado daños y ha puesto el acento en que la acusación se dirige sobre cinco personas, y no sobre un piquete, y, sin embargo, no se ha podido señalar quién paró una máquina o quién ejerció alguna acción violenta concreta.

El secretario general de CCOO en La Rioja ha dicho a Público estar "tranquilo" y que esperan la "absolución" ya que ha habido "contradicciones en las versiones de algunos testigos". González ha criticado que la acusación no haya estado presente en la vista y que haya sido la Fiscalía la que haya llevado todo el proceso, algo que a su juicio pone sobre la mesa la posibilidad de que existan "órdenes de instancias superiores para criminalizar el sindicalismo y el derecho de huelga". "Este proceso nunca debió llevarse a trámite", ha afirmado, algo que prueba "la rectificación de la fiscal con la nueva oferta", y critica que un proceso abreviado "haya causado una gran preocupación para los acusados durante tres años y medio".

La defensa espera una sentencia firme en un plazo de 20 o 30 días.