La situación de Francisco Camps y su núcleo duro en la Generalitat y el PP valenciano se vio ayer agravada tras difundirse el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior valenciano (TSJCV) que investigue la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, que a su vez recibió no menos de 14 millones en contratos, y de una batería de adjudicatarios públicos que, según la Policía y Hacienda, pagaron gastos electorales del PP por casi 900.000 euros en 2007 y 2008.

La Fiscalía implica de forma expresa en delitos de corrupción penados con cárcel a nueve cargos del PP y, de forma tácita, al propio Camps. Ahora, el TSJCV debe decidir si asume o no la investigación tras dos años dando largas al asunto.

En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la 'preceptiva autorización por el Gabinete del presidente'.

A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es 'exhaustivo' ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.

Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.

'Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)'. En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y 'amiguito del alma' de Camps.

Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: 'La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación'. El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: 'Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal'.

La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y 'de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados' en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.

La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.

En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.