La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Antonio Pedreira que dicte libertad bajo fianza de 1,2 millones para Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama Gürtel. La fiscalía considera que ya no hay riesgo de que Crespo obstruya la investigación o altere pruebas. Fuentes jurídicas explicaron ayer a Público que, previsiblemente, el plazo máximo de prisión preventiva para Crespo expira el próximo mes de junio. Al igual que Correa, su número dos está imputado por blanqueo, cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos.

Encarcelado desde el 12 de febrero de 2009, Crespo debe afrontar asimismo el depósito de una fianza de 85 millones de euros para cubrir la eventual responsabilidad civil que puede depararle una sentencia condenatoria. Impuesta por el juez Pedreira el pasado día 4, la elevadacuantía de la fianza se sustenta en el hecho de que, supuestamente, Crespo defraudó 18 millones de euros al fisco.

Actualmente, y junto con Crespo, sólo permanecen encarcelados otros dos de los más de setenta imputados por su vinculación con la red corrupta: su jefe, Francisco Correa; y su primo Antoine Sánchez, que no pudo satisfacer la fianza que le fue fijada para eludir la prisión, incluso después de que el Tribunal Superior de Madrid la rebajara de 600.000 a 300.000 euros.

Si Crespo abandona la penitenciaría de Soto del Real, el aislamiento y la soledad de Correa se harán más palpables. Don Vito quedaría preso, condición que sólo pasaría a compartir con su primo, un individuo problemático de cuyos continuos vaivenes vitales se quejaba el presunto jefe de la trama en sus conversaciones telefónicas.

Correa, que padece claustrofobia, compartió celda con Crespo después de que el juez Garzón los enviara a la cárcel el 12 de febrero de 2009. Hace meses fueron separados. La razón oficial, que Crespo dedica su tiempo de recluso a estudiar Derecho en la UNED.

Hace sólo unos días trascendió que, en mayo de 2009 y durante un registro en esa celda, la policía descubrió que sus ocupantes se habían hecho con el número de teléfono móvil del dueño de una empresa de alquiler y venta de helicópteros contra quien pesa una orden europea de detención. Correa guardaba también diferentes autos judiciales, recortes de periódicos y otros cinco números de teléfono. En lo que respecta a Crespo, el registro constató que seguía manteniendo el número de una empleada de Easy Concept y los de otras dos personas con antecedentes policiales.

Easy Concept SL figura entre las empresas que formaban el núcleo duro de la red, aquellas que el conglomerado Gürtel utilizó para facturar casi 30 millones de euros a distintas Administraciones Públicas gobernadas por el PP. Como certifica el sumario, los empleados de Easy Concept rendían cuentas a Pablo Crespo.

En los 14 meses transcurridos desde su ingreso en prisión, tanto el abogado de Correa como el de Crespo han solicitado en distintas ocasiones la libertad de sus clientes. Hasta ahora, la fiscalía se había opuesto en ambos casos.