El fiscal concluye que el partido de Mas cobró 6,6 millones en comisiones ilegales

El fiscal Anticorrupción de Barcelona ha concluido que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del president de la Generalitat, Artur Mas, se financió irregularmente y que presuntamente cobró en total 6,6 millones de euros en "comisiones ilícitas". Se trataría de unas comisiones satisfechas por la constructora Ferrovial a cambio de varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.

En el escrito, de 36 folios, remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona solicita el fin de la instrucción y la apertura de la fase intermedia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled concluye que Ferrovial pagaba un 4% en comisiones de las obras que le adjudicaban, que se repartía entre CDC (2,5%) y los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull. Concretamente, según el fiscal, las comisiones que "se hicieron llegar a la órbita de CDC" ascienden a 6.607.605,58 euros.

Un portavoz de Ferrovial dijo que la constructora se limitó a hacer pagos de patrocinios de actos que tuvieron lugar en el Palau de la Música.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que la trama de sociedades ilícitas gestadas en torno al Palau de la Música de Catalunya pagó a personas "con ascendencia política" para influir en los organismos que adjudicaron obras públicas de envergadura Entre 1999 y 2009. En concreto, el fiscal cree comprobado que, a través de los dos principales imputados en el caso Palau,  Ferrovial pagó comisiones que ascendieron a 6,6 millones de euros al partido presidido por Artur Mas a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro en Barcelona.

El escrito detalla los delitos presuntamente cometidos hasta 2009 por el que fue presidente del patronato del Palau, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gema Montull, directora financiera de las entidades, todos ellos acusados de falsedad documental y desvío de fondos públicos de la institución en beneficio propio. El fiscal dice que, junto con el desvío de dinero para enriquecimiento propio, existió una trama de comisiones ilícitas para influir en la toma de decisiones de adjudicación de obra pública.

"La empresa privada FERROVIAL-AGROMAN efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de la formación política Convergència Democràtica de Catalunya", señala el escrito.

El fiscal dice que los pagos por parte de Ferrovial los realizaron los imputados Pedro Buenaventura Cebrián, director territorial en Catalunya hasta 2000 y luego director general de la división de construcción de la compañía hasta 2006, y Juan Eliazaga Corrales, director de relaciones institucionales de la firma. "Dichos imputados, sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, y siempre sin conocimiento del cuerpo de accionistas, como mínimo a partir de 1999-2000, dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial (..) se aplicaran a la financiación de CDC, formación tradicionalmente en el poder autonómico y local catalán", señala el escrito de Anticorrupción. Con esos pagos pretendían "establecer una relación privilegiada con la misma en beneficio mutuo pero en perjuicio de la debida imparcialidad de los poderes públicos".

Para hacer llegar las comisiones a CDC la trama utilizó tres mecanismos: entregas en efectivo al tesorero del partido, que según el fiscal ascendieron a 3,7 millones entre 2000 y 2008; facturación "mendaz" de las empresas de impresión y buzoneo Altraforma, Hispart, Publiciutat, New Letter y Letter Graphic, y a través de convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas (directamente vinculada a CDC en el aspecto orgánico y financiero). Con todo, el fiscal considera a CDC como partícipe a título lucrativo para que pueda defenderse de la petición de decomiso de fondos que se formule en el escrito de conclusiones provisionales, y también a la Fundación CAT-DEM.

Según el Ministerio Fiscal, en este "mecanismo ilícito" participaron los extesoreros de CDC Carles Torrent (fallecido en 2005), Daniel Osàcar y el exdiputado de CDC Jaume Camps, y constata que altos responsables del partido debieron necesariamente intervenir, aunque no han podido ser debidamente identificados.

En su escrito, el fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, cifra en 18 millones de euros el "expolio patrimonial" que cometieron Millet y Montull en el Palau de la Música en su beneficio personal o a otras finalidades desconocidas nunca relacionadas con la institución. Concretamente, Millet se apropió de 7 millones de euros de la Fundación y de la Asociación del Palau, 1,3 millones se los quedó Montull, y de los 9,6 millones restantes "han desaparecido sin dejar rastro alguno", y para cometer el delito contaron con la colaboración de la exdirectora financiera Gemma Montull y con el conocimiento y asentimiento de Rosa Garicano.

Parte del dinero se utilizó en obras "suntuarias" en viviendas particulares de Millet, Montull y Gemma Montull mediante facturación mendaz entre 2005 y 2009, a bodas de las hijas de Millet y viajes exóticos a Tailandia, Polinesia, Kenya, Dubai, Maldivas y México, entre otros.

En el escrito también se incluye que Millet pagó a terceros sin ninguna relación con finalidades del Palau como al presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien entregó 75.000 euros (que el propio Colom ya ha pactado que devolverá) y 13.000 euros a Esteve Escuer, militante de CDC en L'Ametlla del Vallès (Barcelona).