Los fantasmas del 'copago' y la privatización

Por la consulta de Juan Carlos Colmenarejo, médico de atención primaria en Madrid desde hace más de 23 años, pasaron ayer 43 pacientes. El 85% tiene más de 65 años. Las consultas por diabetes e hipertensión son el pan de cada día en el barrio de Canillas, levantado en la década de los cincuenta y con una población envejecida. Especialista en la tercera edad, Colmenarejo atiende a gran parte de los mayores que acuden a su centro de salud.

"Algunos vienen sólo a por recetas pero, en general, son consultas más largas que las de los jóvenes, porque tienen más problemas de salud. Por eso acabamos de trabajar a las horas que acabamos...", suspira.

Los mayores de 65 años han pasado de 6,5 a 8 millones en apenas 14 años

Este perfil de paciente que envejece y aumenta cada año supone una mayor carga de trabajo, pero la Comunidad de Madrid se niega a ampliar las plantillas sanitarias y contratar nuevos médicos. De hecho, Madrid ha recortado el presupuesto para la sanidad pública, al tiempo que ha aumentado la partida dedicada a los centros privados, una denuncia que comparten sindicatos y partidos de la oposición en el Parlamento autonómico.

Al margen de cómo reparte sus fondos cada autonomía, el envejecimiento de la población plantea un debate a escala nacional: el número de mayores de 65 años que vive en España ha pasado de los 6,5 millones de 1998 a los ocho millones actuales.

El Sistema Nacional de Salud, que se creó en 1986 con la Ley General de Sanidad, se levantó sobre "un modelo basado en la atención primaria, no en los hospitales", recuerda Paloma Casado, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Aquella ley creó la especialidad de medicina de familia o la educación sobre salud en los colegios, entre otras iniciativas. El rol de los centros de salud era más docente.

Colmenarejo y Casado denuncian que en las últimas décadas las administraciones han apostado por dotar de más medios a los hospitales, en detrimento de la atención primaria. "Invertir en ella sería más económico, rentable y eficiente para evitar, por ejemplo, la obesidad infantil. Pero a los políticos siempre les ha quedado mejor inaugurar un hospital que un centro de salud", critica la vicepresidenta primera de Semergen.

Catalunya es la autonomía con más movilizaciones de protesta

Y esto se acentúa, por ejemplo, en la atención a pacientes mayores con enfermedades crónicas: su tratamiento resultaría más económico en los centros de salud o en espacios geriátricos que en hospitales.

A día de hoy, aunque el precio es mayor, "la percepción social ha mutado y parece que sea el especialista el único que te puede solucionar el problema. Los médicos de atención primaria han quedado para solucionar problemas sociales, hacer de secretarios de los especialistas o repetir sus recetas", denuncia Casado. Además, la atención primaria es la que se lleva una parte más pequeña del pastel presupuestario y "a la que más le aprietan las tuercas en momentos de crisis", añade.

En los últimos meses, las protestas de los profesionales han tenido su punta de lanza en Catalunya, pero las reducciones de sueldo y de recursos para atender a los pacientes en varias autonomías ha irritado a los profesionales de todo el país.

Los carteles de protesta con la leyenda "estamos en crisis, no te pongas enfermo" han proliferado en los hospitales y centros de salud. Para Colmenarejo y sus compañeros, los recortes de salario han supuesto un serio correctivo.

Además de la reestructuración de la atención primaria, la campaña electoral sigue sobrevolada por dos fantasmas, dos interrogantes, sobre la virtual victoria del PP el próximo domingo: ¿qué ocurrirá con la privatización de la sanidad y la amenaza de introducir el copago sanitario, con la que sectores de los grandes partidos han flirteado?

"No llegarán a implantar un copago sanitario, por simbólico y mínimo que resulte", opina Colmenarejo, que teme que se implante un sistema parecido al alemán, "con pagos por parte del paciente que pueden llegar a superar los 30 euros".

Respecto a la privatización que sigue comiendo terreno y fondos públicos en autonomías con gobiernos conservadores como la Comunidad de Madrid, Catalunya o País Valencià las diferencias en la atención van abriendo, poco a poco, una brecha territorial. Sindicatos y asociaciones médicas demandan un golpe de mando al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. "No podemos tener 17 sistemas distintos de sanidad", reclama la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López.

López pide que el Ministerio "tome las riendas" de la coordinación, para que todos los pacientes en España tengan la misma calidad y posibilidades de acceso, y que no haya distintos criterios.