Las familias quieren juzgar al "autor intelectual" del Yak-42

Todas las acusaciones personadas en el caso del Yak-42 solicitaron más o menos explícitamente que la sentencia que se dictará deje la puerta abierta a continuar la investigación contra "todas aquellas personas que han ocultado el delito para impedir su descubrimiento". El abogado más claro en su exposición en este punto fue Diego Sarabia, que representa a la familia de uno de los 30 fallecidos en el siniestro bien identificados.

El letrado comenzó su informe de conclusiones diciendo que los acusados no sacaban ningún beneficio por decir que habían identificado cuerpos que eran irreconocibles, por lo que debe haber algún "autor intelectual, por encima de los materiales", que sí sacaron un beneficio. En su opinión, este beneficio sólo puede ser "político", y se logró mediante la rápida celebración del funeral de Estado con el que se recibió en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido el 23 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

Sarabia admitió que no se había podido acreditar en el juicio, que está previsto que termine el martes con los informes de las defensas. El abogado describió varios delitos por investigar: uno de falso testimonio que o bien cometió el teniente general Luis Alejandre o bien, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán. Este último declaró en la vista que el primero le dijo en 2004 que propuso no entregar los cuerpos no identificados en el consejo de dirección del Ministerio de Defensa que fijó la fecha del funeral de Estado.

También se refirió al secretario de Política de Defensa con Federico Trillo, Javier Jiménez Ugarte, al que imputó un delito de encubrimiento. La declaración del número 3 de Defensa con el Gobierno del PP fue solicitada por el fiscal en el juicio. Las familias siempre le han acusado de maltratarlas y de viajar a Turquía el 11 de marzo de 2004 para pedir a los turcos que asumieran la identificaciónes errónea de 30 de los 62 cadáveres.

Leopoldo Torres, abogado de la familia de otro fallecido, explicó que "los acusados son parte de una trama más amplia que hoy no se sienta en el banquillo", y pidió que "se deduzca testimonio por la comisión de, como mínimo, un delito de encubrimiento contra todas aquéllas personas que han ocultado el delito para impedir su descubrimiento, dificultando la investigación".

Torres pidió una sentencia que "sirva para restablecer la verdad, la justicia y la reparación íntegra que merecen quienes se sacrificaron en el cumplimiento del deber y cuyas familias fueron tan injustamente agredidas".

"Desde la catástrofe no sólo los acusados no manifestaron propósito alguno de contribuir a resolver la situación creada, sino que trataron de ocultarla. El ejemplo más clamoroso es la ocultación del acta de entrega de los cadáveres durante muchos meses", a lo que, en su opinión, "contribuyeron personas del entorno de los acusados, del Ministerio de Defensa, no imputados".

El abogado de la asociación que agrupa a la mayoría de familias de víctimas, Leopoldo Gay, se quejó de que en el juicio no declararan ni el entonces presidente del Gobierno, ni el ministro, ni Jiménez Ugarte, ni el fiscal turco... "Si hubieran venido estas personas, hubieran arrojado luz al objeto del proceso", señaló para reclamar la investigación de las "acciones posteriores que endurecieron el daño causado".

Puso como ejemplo del uso de ADN para realizar identificaciones correctas, el 11-M y el accidente de Spanair.