La familia de Rocío Cortés, la mujer de 25 años seccionada ayer por un ascensor del sevillano Hospital de Valme, ha denunciado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla al centro hospitalario y a la empresa encargada del mantenimiento del elevador en el que se produjo el siniestro.

En declaraciones a los periodistas en las puertas del tanatorio en el que se encuentra el cuerpo de su hija, Juan Cortés, el padre de la joven, ha informado de que ya han denunciado lo que la familia de la fallecida considera "una negligencia".

Cortés ha reconocido también a los periodistas que aún no se han puesto en contacto con él nadie de la Consejería andaluza de Salud ni del Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde trabajaba la joven.

El Juzgado de Instrucción número uno, en ese sentido, está a la espera de recibir un "amplio atestado" por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que está practicando pesquisas en torno a lo ocurrido. Igualmente, el juzgado espera los resultados provisionales de la autopsia practicada al cadáver, extremo al que estaría subordinada la autorización del entierro del cuerpo de la joven.

David Gaspar, el cuñado de la fallecida, ha expuesto que la mañana de este lunes, el cadáver de la joven continuaba en el Instituto de Medina Legal, ubicado en San Jerónimo, a cuenta de las correspondientes pruebas de autopsia practicadas al cadáver.

"Vamos a intentar que el entierro sea hoy", ha dicho con referencia a este lunes Gaspar, reconociendo no obstante que aspectos como la autopsia y la preceptiva autorización judicial pueden ocasionar que las exequias se celebren finalmente este martes. En cualquier caso, ha asegurado que "evidentemente" la familia de la joven se personará en las diligencias judiciales ya incoadas por la citada instancia judicial, a raíz de una comunicación remitida desde el propio centro hospitalario.

Reclamos institucionales

La asociación Defensor del Paciente también ha tomado cartas en el asunto. Ha pedido esta investigación "para conocer en la situación en la que estaba el ascensor y si las revisiones no fueron lo más exquisitas para evitar un accidente de esta magnitud", ya que apuntan en una carta enviada a la fiscal jefe de Sevilla que "la falta de cuidado" o el estado de "vejez" de las instalaciones pueden provocar "accidentes evitables".

Por su parte, el PP andaluz ha pedido la implicación del Gobierno andaluz y de la Consejería de Sanidad. "Siempre que se producen accidentes en un edificio de carácter público como puede ser un hospital o cualquier otro, y sobre todo cuando tienen un resultado de muerte, es necesario que se produzcan investigaciones y que se intente llegar al fondo", ha explicado Toni Martín, vicesecretario de Organización y Formación del PP-A en una rueda de prensa.

A su vez, ha insistido en que la Junta tiene que investigar todo lo que ha sucedido y llevar las conclusiones al Parlamento "por respeto a esa familia, a esa mujer de 25 años, a su familia y a todos los andaluces y usuarios de los hospitales públicos de Andalucía".

El papel de la Junta en la investigación

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha manifestado este lunes que el Gobierno andaluz espera conocer "cuanto antes" los motivos del accidente. Aguilar ha señalado, tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción, que desde la Consejería de Salud se han dado los pasos para la apertura de un "expediente de urgencia" con el fin de aclarar lo sucedido porque "los familiares tienen el derecho a conocerlo y a saberlo".

La consejera ha recordado que, desde el momento en el que se produjo el "desgraciado" accidente, la consejera de Salud, Marina Álvarez, se trasladó al centro sanitario para mostrar a la familia sus "condolencias, el pesar y el dolor" causado por el siniestro, así como para abrir "de urgencia" una investigación que permita esclarecer los motivos por los que el ascensor se accionó. Fue Álvarez la que aclaró este pasado domingo a la prensa que la máquina había pasado la última revisión técnica satisfactoriamente por parte de la empresa encargada de su mantenimiento, Orona, el pasado 12 de agosto, así como la inspección reglamentaria del Organismo de Control Acreditado (OCA) el pasado mes de mayo.