Expulsado un sin papeles que denunció agresiones

Marcelo (nombre ficticio), ecuatoriano, declaró el pasado martes ante el juez que sería capaz "de reconocer a los policías que golpean e insultan". Los malos tratos de los que habla se produjeron, presuntamente, la semana pasada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Una veintena de ONG, agrupadas en la Campaña por el Cierre de los CIE, presentó una denuncia por los presuntos abusos. Los tribunales la están investigando. Marcelo es uno de los principales testigos, pero ya no podrá reconocer a los policías porque fue repatriado a su país sólo dos horas después de haber firmado esta declaración.

La autorización de expulsarlo partió del mismo juez que está investigando los malos tratos, cinco días después de admitir a trámite la denuncia. A primera hora del martes, el juzgado autorizó la expulsión. A las 13:00 horas, su abogado y los letrados de las ONG (CEAR y SOS Racismo, entre ellas) recurrieron la orden. Sus argumentos: que su testimonio es necesario para aclarar los presuntos abusos y que es imprescindible que él reconozca a los supuestos culpables. Pasada la medianoche, el abogado de Marcelo recibió una llamada del juzgado: a su cliente, le dijeron, le iban a tomar declaración como testigo.

Los supuestos malos tratos se realizaron en el CIE de Valencia

El testimonio quedó registrado en medio folio: la narración de los golpes, las amenazas con porras, los insultos. Una mayoría de policías decentes, pero una minoría temible de agentes brutales. Así lo contó Marcelo y después estampó su firma. A las 4:00 de la madrugada del miércoles, se lo llevaron a Barajas. Atrás quedaron 15 años en España, diez de ellos cotizando a la Seguridad Social. En Valencia, dejó una esposa también sin papeles y un empleo en negro que ya no atenderá.

Según Francisco Soláns, abogado de CEAR y especialista en Extranjería, su expulsión beneficiará a los presuntos agresores en el transcurso de la investigación por malos tratos. A la policía, asegura, no le costará impugnar su testimonio, porque ni siquiera hubo tiempo para citar a los representantes legales de los agentes, como dicta la ley.

Además, Marcelo no estará para identificarlos. "Lo que tenía que haber hecho el juez es impedir que se tocara a los testigos hasta que no terminara el proceso penal", afirma. Las ONG recuerdan, asimismo, que el CIE valenciano, como el resto de centros de esa naturaleza que hay en España, privan de libertad a personas por carecer de permiso de residencia, "una falta administrativa, como tener una multa de tráfico", según Salva Lacruz, de CEAR.

Después de tomarle declaración, el juez ordenó su expulsión inmediata

Según la Jefatura Superior de Policía de Valencia, no hay irregularidad alguna en las expulsiones, que se hacen siempre con la autorización del juez. Sobre este caso en concreto, no hubo comentarios más allá de que "se colabora con la Justicia para aclarar los hechos en lo que sea necesario". Además, desde la jefatura se niega que se hayan producido malos tratos dentro del CIE.

Por su parte, el juzgado hizo saber su versión de los hechos a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se niega cualquier irregularidad en la expulsión, que se produjo "cuando hubo un hueco en los vuelos con destino a su país", como se hacen todas las demás. "Se prioriza", afirmaron desde el TSJ, "que la gente salga lo más rápido posible para que no siga privada de libertad". "Si es necesario que vuelva a declarar", asegura, "se hará por videoconferencia a través de la embajada de España".

La delegada del Gobierno en el País Valencià, Ana Botella, señaló que investigará si se han cumplido todas las garantías en este caso.