Esperanza Aguirre asegura que es un "problema heredado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha lavado las manos respecto a la polémica suscitada con los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana.

A su juicio, son un "problema heredado" por su Gobierno con el que éste "no tiene nada que ver". Se trata de la misma postura que ha defendido públicamente la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño. 

Un día después de los incidentes ocurridos en esta zona durante el desalojo y posterior derribo de varias chabolas, Aguirre ha acudido a Rivas-Vaciamadrid, cuyo alcalde, José Masa (IU), al igual que su homólogo de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se ha dirigido recientemente a la presidenta autonómica solicitándole la creación de una comisión permanente que aborde de forma integral y coordinada este asunto e implique tanto al Ejecutivo autonómico como a las localidades afectadas y a la Delegación del Gobierno en Madrid.

De hecho, durante la entrega de llaves de 400 viviendas del Plan Joven construidas en esta localidad, Masa aprovechó la presencia de Aguirre esta mañana para urgirle a "tomarse en serio" los problemas de disciplina urbanística y orden público que genera la existencia de este poblado chabolista, importante foco además de droga y delincuencia.