España se lucró con la venta de armas en plena Primavera Àrabe

En plena Primavera Árabe, cuando miles de manifestantes eran víctimas de las represiones violentas por parte de sus gobiernos, España exportó armas y material de defensa a Bahréin, Arabia Saudí y Egipto por valor de más de 10,5 millones de euros.

Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC), remitidos al Congreso en enero de este año y que las organizaciones de la coalización 'Armas bajo control' consideran "especialmente preocupantes".

En un informe, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam denuncian que el Gobierno aprobó las exportaciones de material bélico pese a que "corría el riesgo de ser usado para cometer violaciones de derechos humanos".

"Existe un marco legal que nosotros valoramos en su momento muy positivamente, pero parece que hay un déficit de voluntad política y los intereses comerciales priman por encima de los valores que los gobiernos dicen defender", señala a Público.es Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional en comercio de armas.

En concreto, estas organizaciones advierten de que el Gobierno, entre enero y junio de 2011,  llevó a cabo operaciones que podrían haber vulnerado el artículo 8 de la Ley 53/2007 que regula las exportaciones de material de defensa y policial fabricado en España.

Esta norma señala que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas "cuando existan indicio racionales de que el material de defensa [...] pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, pueda exacerbar tensiones o conflictos latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos [...]".

Pese a que es difícil conocer el uso exacto que se le han dado a las armas en los países de destino, Ortego asegura que esto "no sería una excusa". "La situación de Bahréin lleva siendo preocupante desde hace mucho tiempo y en Arabia Saudí la violación de derechos humanos es permanente", afirma.

El informe, no obstante, refleja que sí se revocaron varias licencias para la exportación y se sometió a revisión todas las licencias aprobadas desde 2006 hacia Túnez, Egipo y otros países del Norte de África y Oriente Próximo en conflictos similares.

Las organizaciones alertan exportaciones preocupantes a México y Pakistán

¿Por qué para unos países sí se aplica la ley y en otros no? "Estamos pidiendo que haya una mayor coherencia y que se aplique la ley y no se ha hecho de forma sistemática", reconoce Francisco Yermo, responsable de Advocay Humanitario de Intermon Oxfam.

Entre las datos analizados por el grupo de organizaciones, destacan además como operaciones "preocupantes" la venta de armas realizadas a otros países sumidos en procesos de intensa violencia. Por ejemplo, en México, donde la "guerra contra la droga" de Calderón se ha cobrado la vida de 50.000 personas, según cifras del propio gobierno mexicano, tal y como recuerda el estudio.  A este país, durante el primer semestre de 2011 se realizaron exportaciones por valor de 57,7 millones de euros y se autorizaron otras tantas por valor de 150.000.

De enero a junio de 2011 España vendió armas por un total de 1.164,58 millones de euros

Lo mismo ocurre en el caso de Pakistán, "donde el enfrentamiento entre el Estado y grupos baluchis se caracteriza por abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los bandos", cita el informe. En este caso, las exportaciones de material de defensa ascendieron a 536.000 euros y se autorizaron otras tres por un total de 10,2 millones.

En total, España vendió armas durante los primeros seis meses de 2011 por un valor 1.164,58 millones de euros, una cifra que casi duplica a la del mismo periodo del año anterior. Los principales destinos son la UE o países socios de la OTAN (51% de las ventas) y el resto se reparte entre otros 32 estados.

Sin embargo, las organizaciones temen que se incremente la venta armamentística a países donde se producen violaciones de los derechos humanos para primar los intereses comerciales. "Nuestra preocupación más general es que en el actual contexto económico, con recortes en el ministerio de Defensa, las ventas se dirijan más al exterior que dentro de España y se pueda entrar en tensión con el artículo 8 de la ley con un afán recaudatorio", asegura Yermo.