La España bloqueada

En funciones. Este es el adjetivo que llevan algunas de las principales instituciones y órganos reguladores del Estado, que siguen esperando un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar a sus presidentes o consejeros. Aunque la interinidad es criticada por todas las formaciones políticas, no hay unanimidad a la hora de buscar responsabilidades.

El Gobierno y el PSOE culpan del bloqueo al PP. "Sigue demostrando que antepone los réditos electorales a su sentido de Estado. Ha puesto a los órganos más relevantes del Estado, principalmente el Tribunal Constitucional (TC), al borde del abismo", apuntan fuentes del Ejecutivo. Los conservadores, sin embargo, niegan la mayor. En el PP culpan al Ejecutivo de la situación, sobre todo en el caso del TC. "La situación ha sido bloqueada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", dijo el pasado viernes la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

El Gobierno cree queel PP ha puesto a losórganos del Estado «al borde del abismo»

En medio, los partidos minoritarios cargan contra ambos. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, sostiene que "el Gobierno se ha dejado doblar el brazo por la derecha política de este país". No obstante, critica la estrategia del PP de "retrasar los nombramientos y ganar tiempo para ver si se produce el cambio de Gobierno".

En este sentido, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, remarca la estrategia conservadora de "obstaculizar las renovaciones", pero se pregunta por qué el PSOE no adopta alguna iniciativa que sirva como "acicate para la renovación". Así, recuerda que presentaron una iniciativa en el Congreso a finales de 2009 para desbloquear la situación del TC, que fue rechazada.

El Senado volverá a tratar este miércoles la renovación de los cuatro miembros en funciones, desde diciembre de 2007, del pleno del TC: la presidenta, el vicepresidente y dos vocales. El necesario consenso entre el PSOE y el PP, dado que se requiere una mayoría de tres quintos para elegirlos, se ha convertido en misión imposible durante los últimos 35 meses. A partir de noviembre, además, se sumará la renovación de otros cuatro vocales por el Congreso.

El portavoz de CiU en la Cámara Baja, Jordi Jané, lamenta esta situación, que "vulnera la previsión de la Constitución". Esta establece que los 12 miembros del TC serán designados por nueve años y que se renovará parcialmente cada tres. Jané subraya que ellos no van a decidir la composición y pide a los partidos mayoritarios que "aúnen esfuerzos para llegar a un consenso". Durante los últimos días, los contactos entre el PSOE y el PP, señalan fuentes gubernamentales, "se han intensificado al más alto nivel".

El portavoz de justicia de los conservadores en el Congreso, Federico Trillo, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trabajan para dar con la fórmula que acabe con el bloqueo. En el Ejecutivo confían en que los conservadores "tengan un poco de lealtad institucional" para llevar a cabo la renovación. Fuentes del Gobierno afirman que se barajan varias posibilidades. Una de ellas, acordar a la vez los nombres de los magistrados que designa el Senado y los del Congreso.

CiU pide al PSOE y al PP que aúnen esfuerzos para desbloquear el TC

En el Gobierno aseguran que "es urgente" nombrar un nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, PSOE y PP no se anticiparon al 30 de junio, fecha en la que cesó Enrique Múgica conforme a la ley, para elegirlo. A día de hoy, tampoco hay sucesor. Su designación, según establece la norma que regula el organismo, necesita el voto favorable de 210 diputados y la ratificación de tres quintos del pleno del Senado.

Desde IU lamentan la paralización de este nombramiento, entre otras razones porque la fecha de caducidad del mandato está establecida por ley. "Se podía haber previsto y no estar con esta interinidad que le viene bien al PP", señalan en la federación, que también critica la actitud de los socialistas, "parecen estar cómodos jugando a ese juego" de no deshacer los bloqueos.

El trabajo de la Defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha estado rodeado de polémica desde que asumió el cargo. La decisión de recurrir ante el TC la Ley de Acogida de Inmigrantes en Cata-lunya y su vinculación con el PP, formación por la que fue diputada hasta el año 2000, provocó los reproches del president José Montilla, entre otros, que la acusó de "actuar bajo las órdenes" del partido de Mariano Rajoy. Cava de Llano ha rechazado esas críticas, recordando que fue elegida adjunta primera "por unanimidad".

Tras llegar a un acuerdo para que Alberto Oliart presidiera la Corporación RTVE en noviembre de 2009, los partidos mayoritarios no han sido capaces de sustituir a los seis miembros del Consejo que están en funciones desde diciembre de 2009.

Cuando RTVE empezó a funcionar como Corporación en enero de 2007, los consejeros sortearon quiénes abandonarían el consejo en el primer turno. Les tocó a dos representantes del PP, uno del PSOE, uno de ERC, uno de CiU y otro de UGT. Los partidos han ido posponiendo las nuevas designaciones, que requieren mayoría de dos tercios de las Cortes, según sea a propuesta del Congreso o del Senado.

En la última Junta de Portavoces en el Congreso, PSOE y PP acordaron volver a hablar de este tema a finales de 2010. Desde las fuerzas minoritarias lamentan la paralización. "El bloqueo es absoluto", subraya Jané, que insiste en que tienen que ponerse de acuerdo los que "integran las mayorías". En el Ejecutivo destacan la "pluralidad" de este consejo de administración, como muestra de "la generosidad del PSOE" cuando gobierna en la composición de los órganos rectores de estas instituciones.

En el PP niegan la mayor: la culpa del bloqueo del TC es de los socialistas

Más de la mitad del consejo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, compuesto por nueve miembros, está en funciones desde 2008. Además del mandato del presidente, Reinaldo Rodríguez, ha expirado el de Albert Martí, Crisanto Plaza, Gloria Calvo y Antonio Elías. Cada uno, con diferente adscripción ideológica.

La ley que regula el funcionamiento de la CMT establece que los miembros del consejo serán nombrados por el Gobierno, a propuesta de los ministros de Ciencia y Tecnología y Economía, y previa comparecencia ante la comisión en el Congreso. Aunque no sean necesarias mayorías parlamentarias, en la comisión reconocen que actualmente se da "un reparto tácito" equivalente a la representación de los partidos en el arco parlamentario. La renovación está paralizada, explican en el organismo, a la espera de que se apruebe la Ley de Economía Sostenible. Por ello, dicen que "la última palabra la tiene el Gobierno".

05. Comisión Nacional de la Energía
Dos años de interinidad

En la Comisión Nacional de la Energía, tres de sus nueve consejeros trabajan en funciones. El mandato del vicepresidente Fernando Martí Scharfhausen y el de los vocales José Sierra y Carmen Fernández Rozado, propuestos por el PP, expiró en junio de 2008. A estos se suma la dimisión de Jaime Peón hace un mes.

Los consejeros son elegidos a propuesta del Ministerio de Industria, previa comparecencia en el Congreso. Pero, como la CMT, está pendiente de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.

Antes de verano, el presidente del Tribunal de Cuentas comunicó oficialmente a los presidentes de las Cortes Generales que el mandato de 11 de sus 12 consejeros, dado que uno falleció en 2007, expirará el próximo noviembre. Cada una de las cámaras elige a seis miembros para un periodo de nueve años. El Tribunal de Cuentas, que algunos ven como "un premio a una carrera política", es poco dado a la movilidad de sus miembros. Más de uno de sus 12 componentes ha cumplido 20 años en la institución.