ERC, conjuntamente con el BNG y EH-Bildu, registraron una petición de comisión de investigación para establecer las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, después de haber conocido nuevas informaciones.

Estos partidos políticos lamentan que, cuando se cumplen ocho años de este accidente en el que fallecieron 80 personas y 152 resultaron heridas, "todavía" quedan "muchos cabos sueltos por atar" sobre las causas y responsabilidades, que "nunca han sido esclarecidas".

La instrucción judicial se cerró en abril de 2021, dejando como imputado a un jefe de seguridad del gestor ferroviario de infraestructuras ADIF y al maquinista del convoy accidentado y, a fecha de hoy, aún está pendiente de juicio por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña, previsto para mediados de 2022.

ERC, BNG y Bildu recuerdan que ese mismo mes, asociaciones de víctimas presentaron una demanda contra el Ministerio de Transportes y contra la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por "silencio administrativo" de esta "a realizar una investigación pendiente y acorde a los procedimientos legalmente establecidos y regulados" sobre el accidente.

Asimismo, explican que diferentes estamentos europeos, como la Comisión Europea, entre otros, pidieron una investigación independiente, tal y como exige la Directiva Marco de Seguridad Ferroviaria, y señalaron irregularidades en el desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo por los estamentos responsables hasta el momento.

Las diversas denuncias que presentaron llevaron a la apertura del procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la norma de seguridad ferroviaria el 25 de enero de 2019, que se encuentra en trámite.

Cierre 'en falso' en 2018

Por lo que respecta al Legislativo, ERC, BNG y Bildu aseguran que los comparecientes en el seno de la comisión de investigación que se constituyó en 2018 arrojaron "serias dudas" en relación con las responsabilidades "cruzadas" entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, desde la licitación y ejecución de las obras de la construcción de la línea.

Además, señalan que también "quedó en entredicho" la gestión del propio accidente y las actuaciones e investigaciones llevadas a cabo posteriormente, entre otras, la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por la misma para evitar futuros "nuevos desastres".

Por todo ello, piden que esta comisión investigue y esclarezca las causas de este accidente estudiando todos los elementos que tuvieran relación con el mismo y que continúe y "eventualmente" amplíe hasta poder arrojar conclusiones "concretas" los trabajos iniciados por la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en 2018 que vio "truncada" su actividad por la disolución de las Cortes Generales con la convocatoria electoral de abril de 2019.