El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció este viernes que  los empresarios tendrán de plazo hasta el 31 de julio para regularizar voluntariamente a sus empleados, aquellos que no lo estén, ya que a partir de esa fecha las sanciones se multiplicarán hasta por cinco.

Esta es una de las medidas incluidas en el plan para la regularización y el control del empleo sumergido, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

El ministro insistió en que este plan no supone en ningún caso una amnistía, ya que hasta el 1 de agosto se mantendrán las sanciones establecidas actualmente en la ley por incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social.

En rueda de prensa, Gómez, quisó dejar claro que el plan está pensado para recuperar el mayor número de cotizantes posible. Tampoco habrá ninguna amnistía, puesto que sólo desde el primer día en que en que se den de alta los trabajadores en la Seguridad Social las empresas podrán acceder a bonificaciones y ayudas.

'No miramos al pasado pero no habrá amnistía. Durante el periodo de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconoerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación', señaló.

Por otro lado, Gómez señaló que lo que sí hace el plan es 'advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer muy significativamente'. 'No hemos querido sorprender', añadió, para apostillar que, 'habitualmente este tipo de anuncios surten efectos positivos'. Por otro lado, desde el Gobierno también se defiende que el plan servirá para 'incrementar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores'.

Según especificó el titular de Trabajo, el plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

Preguntado por cuántos puestos de trabajo podrían aflorar gracias al plan, el ministro de Trabajo señaló que 'es muy difícil' calcular este impacto, aunque se remitió a estimaciones de la OCDE, que señalan que los niveles de economía sumergida en España 'no están lejos' de los de los países del entorno europeo, situados entre el 15% y el 20% del PIB. En cualquier caso, avanzó que una forma de conocer los efectos del plan será ver si la afiliación a la Seguridad Social aumenta en los próximos meses. 

Cerca de 900.000 trabajadores del campo por cuenta ajena que actualmente cotizan en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, lo que supondrá que equiparán sus derechos y prestaciones al resto de trabajadores.

Así lo recoge el proyecto de Ley aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, una vez obtenidos los correspondientes informes preceptivos, entre ellos el del Consejo Económico y Social (CES).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez destacó que la integración de los 820.000 trabajadores de media en el Régimen General de la Seguridad Social es una reivindicación 'histórica' de este colectivo, que ve así equiparadas las prestaciones y derechos con el resto de los trabajadores.

La pensión media de los trabajadores del campo es la mitad, 580 euros, que en el Régimen General