El embrión de la Justicia universal
La Corte Penal Internacional se encarga de juzgar los crímenes de genocidio, guerra y contra la humanidad.
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La Corte Penal Internacional (CPI), a la que el juez español Baltasar Garzón ha solicitado su traslado , es el órgano permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad.
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Creada en 2002 tras casi medio siglo de negociaciones -iniciadas poco después de los juicios de Nuremberg y Tokio a los responsables de la Segunda Guerra Mundial- la CPI es el primer tribunal permanente de la historia del Derecho Internacional encargado de este tipo de delitos. Su creación fue vista por muchos como un avance histórico de cara a garantizar el fin de la impunidad para estos crímenes en todo el mundo.
Desde entonces, la CPI ha abierto cinco casos, todos sobre hechos ocurridos en países africanos: Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia.
El más reciente, en el que se investiga la ola de violencia política que ha afectado a Kenia en los últimos años, se inició a petición de la Fiscalía de la CPI, a la que Garzón asistiría como "consultor externo".
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El papel de este órgano, dirigido por el argentino Luis Moreno Ocampo, es fundamental, pues es su responsabilidad decidir qué casos analiza la Corte, investigar los crímenes y recabar las pruebas que se utilizarán en los juicios.
Hasta ahora, la principal laguna del ambicioso proyecto en favor de la Justicia universal ha sido la negativa a participar en la CPI de grandes potencias como Estados Unidos, China, India y Rusia.
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A día de hoy, 111 países son miembros de la Corte, que tiene su sede oficial en La Haya y cuenta con un claro respaldo por parte de Europa. Los 18 magistrados del tribunal sólo tienen competencia para juzgar a ciudadanos de esos Estados o aquellos crímenes que hayan tenido lugar en su territorio.
Además, la Corte no puede actuar con carácter retroactivo y únicamente está capacitada para estudiar hechos o delitos cometidos desde su entrada en vigor en 2002.