'Un incidente desafortunado' es como el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, definió ayer la muerte del cámara español José Couso, el 8 de abril de 2003 en Bagdad, a consecuencia del impacto de un proyectil estadounidense en el hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak.

Sus palabras, pronunciadas en Los desayunos de TVE, han tenido una rápida respuesta. Javier Couso, hermano del periodista fallecido, no dudó en calificar de 'insultantes' las manifestaciones de Solomont y en llamarle 'mentiroso', porque también añadió que Estados Unidos había respondido de 'forma positiva' a todos los requerimientos realizados por la Justicia española.

La familia le llama 'mentiroso' y tilda de

El embajador aseguró que la investigación realizada por las autoridades estadounidenses descartó la 'mala práctica' por parte de los tres militares reclamados por España. El Tribunal Supremo declaró, la última vez que reabrió el caso en julio de 2010, que el disparo del tanque estadounidense podría ser constitutivo de un delito contra la comunidad internacional en concurso con un homicidio, porque constituyó un ataque contra la población civil, con el objetivo de aterrorizarla, de los recogidos como crímenes de guerra en el Derecho internacional.

Tras esa resolución, el juez que instruye la causa en España, Santiago Pedraz, se dirigió a las autoridades estadounidenses confiando en el cambio que se había producido en su Administración.

El veto de Estados Unidos limitó a Europa las órdenes de arresto del juez

Pero la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama no cambió las cosas y el requerimiento para poner a disposición de la Justicia española al sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp volvió a quedar en papel mojado.

La orden de detención cursada por el magistrado español a Interpol fue por primera vez desoída (las anteriores sí fueron tramitadas aunque después las revocó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). La explicación del órgano de colaboración de las policías de 188 países consistió en que un cambio en su reglamento le impedía 'toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial'. En una comunicación posterior concretó que 'Estados Unidos, efectivamente, se opone al registro de la información' solicitada por Pedraz.

De ahí que la investigación esgrimida por el embajador estadounidense se limitara, según Javier Couso, a un informe del propio Ejército estadounidense a instancias de las autoridades ucranianas que, a diferencias de las españolas, sí pidieron explicaciones. En el ataque al Palestina también murió el cámara de dicha nacionalidad Taras Protsyuk.

Ese informe fue entregado por la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio, a la familia del periodista, después de que los medios informaran de que existía. Tanto ella como el entonces ministro de Defensa del PP, Federico Trillo, declararon como testigos, aunque sin aportar novedades. Este último, de hecho, contestó recurriendo a un libro de memorias.

Javier Couso insiste en que dicho informe no tiene validez, porque 'en un Estado de derecho, no se puede ser juez y parte'. Además, hizo hincapié en que 'Estados Unidos, con la colaboración del Gobierno español y la Fiscalía, ha intentado que este caso no vaya adelante'.

En la causa, en la que el juez Pedraz se ha desplazado a Irak para comprobar que desde el tanque se veía con 'claridad' el hotel Palestina, hay dos testigos pendientes de declarar, pero que se niegan a hacerlo sin el consentimiento de su país. Una de ellas es una sargento que declaró en la televisión de EEUU que el Palestina era un 'objetivo militar'.