Una discoteca del 'caso Guateque' sigue abierta con 234 denuncias

234 denuncias policiales y tan campantes. En esa frase se resume la historia de la discoteca madrileña Dink, uno de cuyos propietarios, Acisclo Fernández, es hijo del ex jefe de departamento municipal de Evaluación Ambiental de Madrid, Joaquín Fernández de Castro, imputado en el caso Guateque por el presunto cobro de sobornos a cambio de permisos municipales.

La discoteca, cuyo precinto ordenó formalmente el consistorio en septiembre de 2005, sigue abriendo los fines de semana sin que el ayuntamiento intervenga para evitarlo. Y ello pese a que en mayo de 2007 un juez de Madrid desestimó el recurso de la empresa propietaria de Dink, Actividades Recreativas 2003 SL, contra los decretos de clausura y precinto del local. Las llamadas de este periódico al ayuntamiento para conocer su versión han resultado inútiles.  Y no fue posible localizar a Acisclo Fernández.

Desde que abrió sin licencia en octubre de 2004 hasta marzo de este año, los titulares del negocio han recibido, según el PSOE, sólo seis sanciones municipales, en todos los casos por falta leve y cuyo importe individual no supera en ningún caso los 2.500 euros.  

Aunque la Ley de Espectáculos de Madrid estipula que dos faltas leves perpetradas en el mismo año constituirán una grave, y que dos graves se convertirán  en una muy grave, el ayuntamiento sólo acumuló en un caso los expedientes sancionadores derivados de las denuncias policiales, que relataban infracciones muy graves tales como doblar el aforo permitido y operar sin licencia municipal, amén de mantener abierto el negocio en horario vetado.

Lejos de amilanarse, los responsables de la discoteca replicaron en una ocasión a la Policía que la sala se cerraría a las doce del mediodía. Eran las once y veinte. Y según la licencia, la discoteca debía llevar cerrada desde las cinco y media de la madrugada.

De haber utilizado los resortes legales, la discoteca estaría clausurada sin riesgo de topar con una sentencia contraria –Dink ha recurrido la orden de cierre ante el Tribunal Superior de Madrid– y sus dueños habrían tenido que afrontar pagos millonarios. Tomando como base de cálculo la Ley de Espectáculos, que señala multas de hasta 300.000 euros por falta muy grave, los socialistas calculan en unos tres millones el castigo económico que cualquier local habría sufrido en las mismas circunstancias que concurrían en el caso de Dink.

El PSOE observa posibles indicios de prevaricación por omisión en la actuación municipal. Entre 2004 y 2007 estuvo al frente del distrito Centro el concejal Luis Asúa, uno de los ediles que, como consta en las anotaciones de los expedientes incluidos en el sumario de la Guateque, ordenó adelantar dos licencias: para un bar y para un restaurante.

En el caso de esta discoteca, no hubo ninguna orden escrita. En una  de las cajas encontradas en el registro del domicilio social de Agustino Proyectos e Instalaciones, propiedad de los  imputados Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco, había documentos relacionados con la discoteca Dink.

Su copropietario Acisclo Fernández fue objeto de investigación judicial por el caso Guateque. En diciembre de 2007, el juez Santiago Torres ordenó el pinchazo de su teléfono  tras un informe de la Guardia Civil sobre cómo las pesquisas apuntaban a que el dueño de Dink operaba como “conseguidor de licencias” para bares de copas. Finalmente, la  Guardia Civil concluyó que las conversaciones captadas no revestían interés para el caso, y pidió el cese de la intervención telefónica.

Pero las sospechas no se han difuminado. Según fuentes de la investigación, Fernández de Castro y su subordinado Victoriano Ceballos, habitualmente definido como cabecilla de la trama, firmaron un informe ambiental favorable a la discoteca Dink. Situado en la calle Amaniel, muy próxima a la céntrica Plaza de España, el local logró licencia en junio de 2005 pero ya antes venía funcionando con total impunidad, como demuestran varias actas de inspección levantadas en 2004 por la Policía Local.

Una semana antes de que el 14 de noviembre de 2007 estallara la Operación Guateque con la detención e 16 funcionarios, los vecinos de la zona ya habían enviado una carta al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, donde pormenorizaban el alud de irregularidades detectadas. No hubo respuesta.  Según los vecinos, los propietarios de Dink se jactaban de tener las espaldas cubiertas. “Nunca logramos que alguien de Medio Ambiente viniera a hacer una medición de ruido”, dijo ayer un afectado tras pedir expresamente que no se citara su nombre.

¿Conocía la situación el equipo de Gallardón? Todo señala que sí. De hecho, fue el propio  gobierno municipal el que, durante la efímera comisión de investigación del caso Guateque, facilitó a PSOE e IU el dato relativo a la existencia de 234 denuncias elevadas entre 2004 y 2007 por la Policía Municipal contra Dink. A diferencia de las denuncias de particulares, las formuladas por la Policía gozan de la presunción de veracidad. Es decir, no precisan comprobación adicional para poner en marcha la maquinaria sancionadora.

La lectura de las actas policiales sobre Dink incluidas en el sumario del caso Guate evidencia la desesperación de los agentes. La Policía pidió en dos  ocasiones al concejal de Centro el cierre del local por “graves irregularidades”: la primera vez fue en mayo de 2005. Paradójicamente, un mes más tarde se le dio licencia.

La sentencia dictada el 17 de mayo de 2007 por el juez de lo contencioso número 16 de Madrid retrata la situación con prolijidad. Los propietarios de la discoteca Dink, afirma el juez, han evidenciado desde la apertura del local “una voluntad manifiesta de incumplir rotunda y totalmente” las condiciones de la licencia. Había, se lee en el fallo, una “muchedumbre de denuncias” policiales. 

El juez no oculta su estupor en la descripción de los hechos. La discoteca, afirma el magistrado, “no sólo no cierra a las 5.30 de la madrugada, como se le impone por la licencia, sino que además se permite el desafío de dar publicidad de la actividad a horas no autorizadas”.  Tras esa sentencia, los propietarios de Dink pidieron al ayuntamiento que no ejecutara el precinto bajo el argumento de que habían recurrido ante el TSJM. Este periódico ignora si el consistorio accedió a sus pretensiones o si, simplemente, los dueños han roto el precinto impunemente.