Díaz ensaya el doble rol de líder andaluza y del PSOE en la conferencia de presidentes

SEVILLA.— ¿Es compatible la presidencia del Gobierno andaluz con la secretaría general del PSOE? Susana Díaz no sólo está convencida de que así es, además pretende demostrar que ambos cargos pueden funcionar como vasos comunicantes: enriquecerse mutuamente, que lo institucional fortalezca al partido y el partido recupere su posición como fuerza de Gobierno. Con este convencimiento acude Susana Díaz a una conferencia de presidentes autonómicos que lleva tres años reclamándole a Mariano Rajoy, y que este martes le servirá como plataforma perfecta para sus aspiraciones a liderar el PSOE.

La sevillana reclamaba la conferencia de presidentes antes que ningún otro barón socialista, y este martes se va a erigir como portavoz de las siete comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Baleares; más otros dos ejecutivos regionales de los que forman parte: Cantabria y País Vasco. Díaz lleva una serie de reclamaciones para su tierra, pero que comparte al ciento por cien con otras dos regiones socialistas que se consideran igualmente castigadas por el “reparto injusto del modelo de financiación autonómica”: se trata de Extremadura y Comunidad Valenciana (la Junta también comparte criterios con el Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijoo, con quien también coincide en algunas reivindicaciones respecto a la distribución de fondos del Estado).

Ésta es la primera conferencia de presidentes autonómicos en la que participa Díaz. “Es el escenario perfecto para ella” dicen los suyos, porque conjuga todos los roles que quiere representar Susana Díaz

Pero, por encima de las necesidades particulares de cada territorio, la presidenta andaluza lleva consigo un discurso que bebe de la Declaración de Granada, ese documento político de 2013 en el que el PSOE asentó su modelo de federalismo (tanto para el país como para el partido), y que trató de resolver el debate territorial bajo un principio común: la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios esenciales (sanidad, educación, dependencia…) de todos los españoles vivan donde vivan. Ningún socialista, ni andaluces ni vascos ni catalanes, discute esta premisa, otra cosa es cómo se traduzca esto jurídicamente (aquí entran las definiciones de nación o naciones) y económicamente (en el reparto de fondo de garantías).

También hay tiranteces entre la sevillana y sus compañeros en el País Vasco y Navarra, precisamente porque en los últimos dos años Díaz se ha construido una imagen de mujer de Estado, valedora de la unidad de España, a veces a costa de denunciar los “privilegios” que gozan estos territorios del norte. Andalucía es una comunidad de más de 8,5 millones de habitantes y está “infrafinanciada”, denuncia sin ambages Díaz, pero como también lo está la Comunidad Valenciana (y así lo reconocían también cuando gobernaba allí el PP) y Extremadura.

Otra forma de repartir

La Junta cree que el fondo de garantías —el que garantiza el equilibrio entre las comunidades que más tienen y las que menos— es insuficiente, denuncia que cada ejercicio presupuestario echa en falta 2.100 millones de euros del Estado para cubrir sus servicios esenciales; reclama que se evalúe el coste promedio de cada servicio en España (haciendo una media con lo que cuesta una plaza escolar o una cama hospitalaria en Sevilla, en Tarragona o en Teruel), y además pide analizar la financiación por habitante, pero teniendo en cuenta el criterio de eficiencia.

¿Puede Susana Díaz lograr ese consenso en el PSOE siendo presidenta de Andalucía?

Otro de los aspectos que Díaz va a plantear a Rajoy es la necesidad de copiar el modelo de la “hucha de las pensiones” para la financiación autonómica, es decir, crear un fondo de estabilización que garantice que las comunidades podrán seguir costeando los servicios básicos aun en épocas de crisis, evitando así los recortes que han mermado el gasto social y las Administraciones en los últimos años. También pide blindar la financiación al 50% de los servicios de la Ley de Dependencia (la Junta costea ahora casi el 80%, frente al 20% que aporta el Estado) y las políticas activas de empleo.

Esta batería de propuestas, dicen en la Junta, no tiene por qué chocar con el discurso de los socialistas catalanes y madrileños, que se quejan de aportar más de lo que reciben al fondo de garantías. Pero hay otras que en la realidad sí que chocan. Díaz plantea un nuevo modelo de financiación equilibrado, pero existen reivindicaciones propias de Andalucía que obligarían a detraer recursos de otras regiones, como exigir a Rajoy un mecanismo para compensar la pérdida de 4.762 millones de euros que le ha supuesto a la Hacienda andaluza “la mala aplicación” del sistema actual de reparto de fondos (inyectando más recursos o condonando deuda de los intereses del FLA); la petición de un plan extraordinario de Empleo para Andalucía, que sufre la tasa de paro más alta de España (alrededor de 900.000 desempleados) o impulsar el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla, que la Junta considera fundamental para el desarrollo económico de Andalucía. Estas medidas requieren dinero en grandes cantidades, un dinero que otras regiones hermanas también reclaman.