El Congreso instó ayer al Gobierno a acometer la primera reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada en octubre de 2007 para mejorar la protección a las víctimas del franquismo y paliar así el vía crucis en el que se ha convertido la búsqueda de las decenas de miles de personas asesinadas por la dictadura que siguen abandonadas en fosas, páramos y cunetas.

Victimizadas de nuevo por el desdén de la Justicia que debe autorizar su recuperación y la frialdad de las administraciones, que no siempre se responsabilizan de dignificar su memoria, los olvidados de la Transición tuvieron ayer una segunda ocasión para reclamar justicia y el Congreso se hizo eco de su demanda, con la única excepción del PP, que dio la espalda a la iniciativa liderada por Iniciativa per Catalunya Verds.

La moción supone también un respaldo a la investigación abierta por Garzón

Su portavoz en la Cámara, Joan Herrera, logró arrancar al PSOE el compromiso de 'garantizar la responsabilidad pública e institucional' en las labores de exhumación e identificación de los enterramientos clandestinos de la dictadura. De esta manera, el Estado se convierte en garante subsidiario de la recuperación de los muertos de la Guerra Civil y el franquismo, adquiriendo una obligación que no se recoge en la vigente Ley de la Memoria.

La moción negociada por Herrera supone, además, un espaldarazo implícito a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para investigar los crímenes y desapariciones forzadas del franquismo. 'Hoy vamos a conseguir una declaración del Congreso que diga que el ordenamiento jurídico español obliga a perseguir los crímenes contra la humanidad y el genocidio', proclamó el diputado de ICV aferrándose al primer punto de la iniciativa. Los partidos situados a la izquierda del PSOE, como el BNG, se unieron a esta declaración para reclamar que la ley preconstitucional de amnistía 'no sea un punto de llegada' y no pueda ser interpretada como una ley de punto final.

ICV pidió al Ejecutivo que no 'eche agua al vino' de la reforma planteada

La iniciativa respaldada por el Congreso, que insta al Ejecutivo a 'impulsar las reformas normativas que sean necesarias', queda así pendiente de la voluntad del Gobierno, al que la Cámara mandata, pero a quien no tiene capacidad de obligar a través de una moción como la aprobada ayer.

Consciente de esta posibilidad, el representante de ICV pidió al PSOE un compromiso 'leal' y al Ejecutivo 'que acompañe' al Congreso. 'Que nadie dé marcha atrás advirtió Herrera y eche agua al vino', prologó sus recelos el diputado ecosocialista antes de poner nombre y apellidos a sus sospechas: 'La falta de sensibilidad de algún despacho de Moncloa sería inconcebible', avisó el diputado de Iniciativa apelando a la Vicepresidencia del Gobierno, bajo cuya tutela se construyó la Ley de la Memoria y a cuya responsabilidad política está encomendado el trabajo del Gobierno en favor de las víctimas de la dictadura. Su consenso es necesario para no descafeinar el alcance del acuerdo alcanzado ayer.

Sólo el PP se apartó de un espíritu de consenso que el ponente socialista, Daniel Fernández, defendió con fuerza tras recordar que algunas de las víctimas de Franco ocuparon los mismos escaños desde los que ayer se debatió cómo recuperar su memoria: 'Lo que nos aproxima a su altura es el esfuerzo para que los muertos de unos y los de otros desaparezcan para convertirse en muertos de todos', concluyó tras aplaudir el camino recorrido por la Ley de la Memoria y admitir que 'queda mucha tarea por realizar'.

El PP considera mejor debatir sobre el presente de la crisis económica

CiU y el PNV se sumaron a la iniciativa lanzada y negociada por ICV exhibiendo algunos matices. Desde el Grupo Vasco, Aitor Esteban no criticó los 'defectos' del texto aprobado en 2007, sino 'la diligencia del Gobierno para hacer efectivo su cumplimiento'. 'Agradecemos la moción, pero no confiamos en que el Ejecutivo vaya a enderezar su rumbo', admitió el representante del PNV.

El Grupo Catalán rehuyó cualquier arista con olor a polémica en su abrazo a una propuesta que da 'un nuevo impulso' a la Ley de la Memoria y precedió en la tribuna la carga de vehemencia enarbolada por el PP contra la iniciativa.

'Algunos viven como la mujer de Lot, mirando al pasado, y corren el riesgo de convertirse en estatuas de sal', arrancó Jorge Fernández Díaz. El diputado conservador tiró del Antiguo Testamento para pedir al Congreso 'mirar al presente y al futuro', convertido desde sus críticas únicamente en la omnipresente crisis.

'Estamos dispuestos y apoyamos que se reabran tumbas, pero no al precio de reabrir heridas' dramatizó el ponente del PP, tras denunciar que algunos pretenden con su reivindicación de la memoria 'desenterrar sus muertos y sus rencores pasados'.