@JairoExtre

MADRID.- El juez del juzgado de lo penal número seis de Móstoles, Madrid, ha condenado a José Manuel Fernández Galán, trabajador de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, a seis meses de cárcel y a indemnizar con un total de 4.800 euros a dos agentes antidisturbios a los que, según la sentencia, atacó el 15 de enero de 2015, fecha en la que tuvieron lugar concentraciones de trabajadores contra el desmantelamiento y posteriores cargas policiales a las puertas de la factoría.

Según la sentencia, Galán, que fue detenido durante los enfrentamientos, es culpable del delito de atentado ─ aunque no ha sido condenado por lesiones─ a dos policías, a los que tendrá que indemnizar con 1.500 euros más 800 por las secuelas a uno y con 1.700 euros más 800 por las secuelas al segundo. CCOO de Madrid, el sindicato más presente en este conflicto laboral, critica la sentencia y asegura que interpondrá recurso.

El juez entiende que el "delito de atentado se inicia y se consuma desde el mismo momento en el que agarra y sujeta fuertemente al agente de policía nacional y se prolonga en el tiempo hasta que es detenido, cesando en ese momento la situación antijurídica creada".

En el escrito judicial no se afirma que Galán agrediera ni tuviera intención de agredir en ningún momento a los agentes, por lo que desestima el delito de lesiones, ya que estas se produjeron al caer al suelo varios de los agentes que intervinieron en su detención. "El ímpetu de cogerle para que no ejerza sus funciones, más la intervención de los otros agentes, hace que todos caigan a suelo", afirma el juez.

Trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada protestan contra el desmantelamiento de la fábrica .- JAIRO VARGAS

CCOO critica el "sesgo ideológico" del fallo

CCOO de Madrid considera que la sentencia está "llena de contradicciones", ya que se basa en unos vídeo en loe que "se ve también la brutalidad de la carga policial y el estado de los heridos que deja la misma, todos trabajadores que estaban concentrándose de una manera pacífica a la puerta de la empresa, cuestión que el juez omite", explcia el sindicato en nota de prensa.

El sindicato también destaca que el juez "resalta que impedían el paso a los trabajadores que querían ejercer su derecho al trabajo, como si de una huelga se tratase, cuando en realidad llevaban ocho meses sin trabajar con una empresa cerrada y reivindicaban sus puestos de trabajo después de una sentencia de nulidad, cuestión ésta que parece un signo claro de prejuicio ante el tema".

El sindicato entiende que "dado el pasado cargo político que ostentaba el juez [Francisco Oliver Egea] en el aquel momento", cuando era Director de Seguridad de la Comunidad de Madrid nombrado por gobierno del PP, es "posible que se haya dejado llevar por un exceso de celo y de confianza en el testimonio de las fuerzas del orden, que en este como en otros casos recientes, no son testigos fiables, ya que de su declaración depende también la justificación de una carga policial brutal que deja varios heridos y su propia indemnización".