El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer conceder un plazo de diez días al magistrado Baltasar Garzón para que formule las alegaciones que considere convenientes en relación con el trámite para suspenderle cautelarmente, que hace justo una semana puso en marcha el órgano de gobierno de los jueces. Es la primera vez que un juez solicita este trámite de audiencia, por lo que nunca antes había sido concedido.

Los cinco vocales que componen la Comisión Permanente acordaron, por unanimidad, permitir a Garzón alegar, para lo que se le dará traslado de toda la documentación que consta en el expediente abierto para tramitar la suspensión.

La portavoz del CGPJ dice que el juez se acoge a 'un derecho constitucional'

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que la concesión del trámite de alegaciones 'es un derecho constitucional que se reconoce a cualquier magistrado', porque 'tiene derecho a ser oído', al tratarse de 'una medida cautelar restrictiva'.

La decisión se produce justo una semana después de que dicha comisión solicitara informe al fiscal sobre la inhabilitación temporal del magistrado, saltándose su práctica habitual. El Consejo se amparó en que había recibido dos resoluciones del Tribunal Supremo: la que admitió a trámite la segunda querella de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por los cobros en Nueva York y el auto de Luciano Varela que ve indicios de prevaricación en la apertura de la primera causa para investigar los crímenes del franquismo. Ambas resoluciones fueron recurridas por Garzón, por lo que no son firmes.

El Consejo rechaza que los querellantes también puedan hacer alegaciones

Los ejemplos que aporta el CGPJ para negar la excepcionalidad y urgencia con la que empezó a tramitar la suspensión de Garzón son el juez Fernando Ferrín Calamita y el ex juez decano de Barcelona José Manuel Regadera. El primero fue inhabilitado por diez años por el Supremo por retrasar la adopción de una niña por una lesbiana y el segundo fue acusado de malos tratos por su esposa. Ambos supuestos, muy distintos al de Garzón.

En su caso, la Fiscalía ha pedido varias veces el sobreseimiento y siempre ha sostenido que no cometió ningún delito, por lo que informará en contra de su suspensión cautelar. La Fiscalía General del Estado no recibió hasta este lunes la petición de informe del CGPJ.

Y ese es el motivo con el que la Comisión Permanente rechazó ayer una de las numerosas peticiones presentadas en el Consejo por los querellantes por los cobros de Nueva York. Mazón y Panea se quejaban de una hipotética demora en la tramitación de la suspensión del juez, porque, a su juicio, debería haberse acordado con carácter inmediato. Habían llegado a denunciar a los vocales de la Permanente.

El CGPJ se niega a apartar a Dívar, recusado por jurar lealtad a Franco

El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar les negaron ayer la posibilidad de presentar alegaciones a las que aporte Garzón porque la ley no prevé más trámite que el de escuchar al fiscal.

Además, el Consejo se ha negado a apartar a Dívar de la tramitación de la suspensión de Garzón por haber jurado lealtad a Franco cuando accedió a la carrera judicial. Lo solicitaba Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la Segunda República Juan Negrín. Alegaba que también lo había recusado en el Supremo, junto a otros magistrados, por este mismo motivo. El CGPJ considera que la petición de Negrín pertenece al ámbito jurisdiccional del alto tribunal.