Los cazadores de Garzón

Algunos pocos son progresistas y otros la gran mayoría, conservadores; los hay que llegaron del sur, del norte, del este y del oeste; procedentes de la carrera fiscal o de la judicatura. Pero a los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo les unen dos características. Todos son hombres. Y todos salvo Carlos Granados han participado en la instrucción de alguna de las tres causas simultáneas que se siguen contra Baltasar Garzón.

La trilogía contra Garzón ha puesto al sistema judicial en entredicho en toda la prensa internacional de referencia y ante las grandes organizaciones de derechos humanos, que subrayan que nunca han visto nada igual en una democracia. Sobre todo por la apariencia de causa única, perfectamente orquestada, lo que ha llevado a un jurista tan conservador como Jorge Trias Sagnier, exdiputado del PP que llegó a equiparar el Estatut de Catalunya con la China de Mao, a calificar de "cacería" el acoso a Garzón.

Los juristas advierten de la "contaminación" de los magistrados

De los 14 magistrados de la Sala de lo Penal 15 si se incluye a Adolfo Prego, que en septiembre fichó por un bufete privado, sólo uno, Carlos Granados, que preside el tribunal de los crímenes franquistas, no ha participado en ninguna de las tres instrucciones simultáneas contra el juez. El resto ha puesto su firma en esta obra colectiva.

La "contaminación" es una de las cuestiones que más ha alarmado a los juristas: cómo magistrados que han desempeñado un papel activo en la fase de instrucción de una causa como instructores o en la sala, con decisiones muy polémicas y que incluso han sido apartados por "falta de imparcialidad objetiva", saltan a otra de las causas como miembros del tribunal o ponentes de resoluciones.

De hecho, 12 miembros de la Sala han participado en al menos dos de las causas, ya sea en la fase de instrucción o de juicio. Y pese a que aún no se sabe quién integrará el tribunal de los cobros en Nueva York, hasta cinco jueces ya han dejado su impronta en las tres causas simultáneas: Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza, Andres Martínez Arrieta y Miguel Colmenero [ver gráfico].

La persecución fue al inicio compartida por conservadores y progresistas

La cascada de decisiones implacables contra Garzón sólo se ha resquebrajado las dos veces que la disputa jurídica ha abandonado el fortín de lo Penal. Y entonces la Sala Especial la del 61 ha propinado sendos revolcones por abrumadora mayoría a los magistrados a la caza de Garzón.

La cacería fue inicialmente compartida por conservadores y progresistas. Pero al final de la trilogía, los progresistas han mostrado algún signo de disidencia, con la única excepción de Luciano Varela: Granados, ex fiscal general con el último Gobierno de Felipe González, no ha participado en ninguna instrucción; Joaquín Giménez, histórico de Jueces para la Democracia, acabó desmarcándose con un voto particular de la instrucción del franquismo y aceptó ser recusado, y Perfecto Andrés Ibáñez también aceptó su recusación en las escuchas.

Incluso Alberto Jorge Barreiro, que procesó a Garzón por las escuchas en un auto tan agresivo que, según varios expertos, anticipa la condena, votó en la Sala del 61 a favor de recusar a sus compañeros de sala. Y fuentes jurídicas sitúan al moderado Andrés Martínez Arrieta entre los tres partidarios de aceptar las cuestiones previas planteadas por Garzón en el juicio del franquismo, junto con Granados y Andrés Ibáñez.

En cambio, los magistrados más conservadores y el progresista Varela han mantenido una unidad granítica. Los más activos contra Garzón han sido los siguientes:

El presidente de la Sala de lo Penal firma de su puño y letra una de las resoluciones más polémicas del serial: la aceptación de la querella de Falange.Juristas de derechos humanos lo consideraron equivalente a que el presidente del Alto Tribunal alemán aceptara una querella del partido nazi contra un juez por investigar los crímenes del partido de Hitler. Al final, Falange fue expulsada de la causa por un formalismo.

Como presidente de la Sala de lo Penal le correspondía presidir las tres causas porque son "especiales" al dirigirse contra un magistrado, pero su empecinamiento por juzgar a Garzón ha sido superior al que fija el reglamento: por dos veces fue apartado forzosamente porque quería formar parte del tribunal pese a haber participado de la instrucción. En ambos casos, la Sala del 61 le echó por abrumadora mayoría: 13 votos contra 2.

Saavedra, de la asociación moderada Francisco de Vitoria, ya había dejado claro en una entrevista en El País, en 1999, su malestar con Garzón: "Soy totalmente contrario a los jueces estrella", afirmó, en referencia explícita al juez. El magistrado es íntimo del presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, opositor furibundo a la revisión de las penas de muerte de los consejos de guerra franquistas y uno de los dos jueces que le apoyó en la Sala del 61.

Muchos señalan como el magistrado clave de la pesadilla que vive Garzón a este exvocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Como ponente de la sala de la causa del franquismo no sólo avaló todas las decisiones polémicas de Varela, sino que las arropaba con elogios a "la muy técnica y bien construida motivación del instructor".

Prego fue ponente de esta causa pese a haber firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria junto a Federico Jiménez Losantos; haber presentado con elogios un libro de Pío Moa, historiador revisionista que culpa a la República de la Guerra Civil y minimiza el horror franquista; formar parte del patronato de honor de la asociación en Defensa de la Nación Española (Denaes) junto a significados dirigentes del sector duro del PP y conceder entrevistas a la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos. Tras verse apartado en contra de su voluntad del tribunal que iba a juzgar a Garzón, Prego dejó el Supremo y fichó por el bufete Hermosilla & Gutiérrez de la Roza, que en medios jurídicos se considera muy bien conectado con la Casa Real.

Tras la marcha de Prego, fuentes jurídicas lo sitúan como principal referente del sector duro de la Sala de lo Penal más próximo al PP. El expresidente de la conservadora Asociación de Fiscales ha participado en las tres causas contra Garzón.

Como ponente de la sala en los cursos de Nueva York, aceptó la admisión a trámite de un asunto archivado tres veces por el CGPJ y hasta por la propia Sala Penal del Supremo sólo un año antes, y tras dar audiencia hasta en seis ocasiones a los querellantes sin informar a Garzón. Ahora forma parte del tribunal de la causa del franquismo, donde fuentes jurídicas le atribuyen una posición muy dura en las deliberaciones.

Colmenero también asumirá la ponencia de la sentencia de las escuchas, causa en la que ya tuvo un papel clave antes del juicio: fue él quien rechazó la recusación de Varela a limine (es decir, de plano y sin instruir), la fórmula que le permitió esquivar la Sala del 61 y además llegar a tiempo para que el juicio comenzara antes que el del franquismo.

Un histórico de la progresista Jueces para la Democracia, pero que eligió a Prego como padrino en su entrada al Supremo. Como asesor en la redacción de la Ley del Jurado formó parte del último equipo de Justicia e Interior de Felipe González Juan Alberto Belloch, Margarita Robles, María Teresa Fernández de la Vega, que tanto se enemistó con Garzón tras dejar este el Ministerio y desempolvar la instrucción de los GAL. Ha expresado con palabras muy gruesas y de cariz personal su animadversión hacia Garzón incluso ante otros magistrados del Supremo.

La instrucción de Varela en la causa del franquismo ha tenido elementos polémicos: dio una insólita segunda oportunidad a Manos Limpias para reparar errores de bulto en su escrito y la orientó además sobre cómo hacerlo la única forma de seguir adelante con el caso, y en una sola mañana redactó hasta siete resoluciones para que ese día el CGPJ pudiese suspender a Garzón y negarle el permiso que solicitaba para irse a La Haya.

Además, Varela cambió su propio criterio sobre la prevaricación, hasta entonces mucho más laxo: él mismo formaba parte del tribunal que en 2009 revocó la condena del juez Francisco Javier de Urquía porque la prevaricación exige que el juez actúe "de una manera que no deje lugar a dudas". Y eso que, según los hechos probados, Urquía percibió un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y tras el pago prohibió que una televisión local emitiera un programa sobre este.

En su instrucción, Varela aún cambió otro criterio suyo: en 2008, él mismo redactó un voto particular en el caso Atutxa recordando que no debe abrirse juicio oral sólo con la acusación popular. Es decir, en contra del criterio del fiscal y sin particulares directamente afectados. Justo lo que sucede en la causa del franquismo que él ha llevado a juicio.

Fue mano derecha de Jesús Cardenal, el ultraconservador fiscal general del Estado con José María Aznar, y ha pasado dos años rebuscando en vano en las cuentas de Garzón como instructor de la causa de los cobros por los cursos que dio en Nueva York. Y ello pese a que entre 2007 el año en que accedió al Supremo y 2010 al menos 25 empresas han patrocinado actos en los que el propio Marchena ha sido conferenciante. El juez y las empresas se han negado a detallar los emolumentos.

Pese a no haber completado aún su instrucción, Marchena se sentó en el tribunal que juzga a Garzón por las escuchas. Y mientras participa en las deliberaciones sobre la sentencia, ha redactado un auto imputando al juez por cohecho impropio trufado de duras acusaciones por su supuesta falta de colaboración.

Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y próximo al Opus Dei, formó sala en la causa del franquismo y fue obligado a apartarse del juicio por falta de imparcialidad objetiva. Pero ahora forma parte del tribunal que delibera sobre la sentencia en la causa de las escuchas durante la instrucción de la Gürtel.

El caso lo conoce de cerca: fue el instructor cuando llegó al Supremo por los aforados Luis Bárcenas y Jesús Merino y lo tuvo meses paralizado, hasta que volvió al Alto Tribunal de Madrid. Toda su carrera la hizo en Valencia, uno de los epicentros de la Gürtel, y fue el PP el que le aupó tanto al CGPJ como al Supremo.