Catalunya y Euskadi se rebelan contra la reforma educativa de Wert
La Generalitat exigirá la retirada del anteproyecto de ley que amenaza la inmersión lingüística y el BNG advierte de que supone una "vuelta a la caverna del franquismo". Euskadi sostiene que es "inadecuado e inas
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El modelo lingüístico en las escuelas que pretende implantar el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha revolucionado la clase política catalana y gallega. La propuesta del Gobierno, que obliga a las comunidades a pagar la matriculación en centros privados cuando no haya oferta pública o concertada "razonable" para alumnos que deseen ser escolarizados en castellano, será presentada hoy a los consejeros autonómicos del ramo, aunque algunos de ellos ya han mostrado su negativa a implantarla.
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La diputada del BNG Rosana Pérez reclamará la próxima semana a Wert, que retire el "reaccionario" anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que considera que "da miedo" y que supone una vuelta a "la caverna del franquismo".
"El anteproyecto de ley da miedo. Para los que somos defensores de la enseñanza pública de calidad, laica, respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y con la existencia de una realidad plurilingüística en el Estado, la reforma de Wert es un ataque en toda regla a la enseñanza pública y a las competencias autonómicas. A juicio de la diputada nacionalista, el anteproyecto es "retrógrado, reaccionario, irrespetuoso, propio de la etapa predemocrática y prima la educación privada sobre la pública".
Además, Pérez ve "alarmante" que Wert trate de "eliminar" la educación en las lenguas cooficiales: gallego, catalán y vasco, "tratando de volver a los tiempos del franquismo con el castellano" como único idioma vehicular. A su juicio, "volvemos a un Estado que dará más dinero a los centros privados y que incluso plantea sufragar los gastos de escolarización" en este tipo de colegios, concluye.
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La portavoz en funciones del Gobierno vasco, Idoia Mendia, también ha denunciado que la nueva propuesta de reforma educativa del Gobierno central es "inadecuada e inasumible". La portavoz del gabinete de Patxi López ha criticado la "deriva inasumible" del ministro al proponer un borrador con una fuerte carga "ideológica", no sólo en materia lingüística, sino también en lo que se refiere a la nueva asignatura propuesta como alternativa a la religión, que sustituye a Educación para la Ciudadanía.
En Catalunya, las reacciones a esta reforma educativa, que amenaza el modelo de inmersión lingüística catalán, llegaron ayer de mano de la consellera de Educación, Irene Rigau, que calificó el borrador de la LOMCE como "el mayor ataque al catalán desde 1978". La Generalitat exigirá esta tarde la retirada del anteproyecto al considerar que podría vulnerar la Constitución y el Estatut de Catalunya. En declaraciones a los periodistas tras asistir a la reunión del consejo ejecutivo de hoy en Barcelona, Rigau ha afirmado que el anteproyecto del ministerio "es de tal gravedad que en Catalunya no se podrá aplicar nunca".
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Rigau ha denunciado que Wert sigue con temas "de manía personal" en lugar de preocuparse porque "los centros y las escuelas trabajen para mejorar la educación". "Lo que tenemos que hacer es aplicar la normativa de la Generalitat y dejar trabajar a los centros con la tranquilidad que necesitan, defendiendo nuestro modelo y que sea la Generalitat quien plante cara, si hace falta".
En la misma línea, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha instado a todas las fuerzas políticas a llevar la reforma educativa del Gobierno al Tribunal Constitucional si el borrador enviado ayer a la Generalitat sigue adelante, un asunto por el que ya pide la dimisión del ministro de Educación, Ignacio Wert. "Es un intento de cargarse la inmersión lingüística y la convivencia", ha afirmado Herrera, quien ha pedido ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "si ha entendido algo de los resultados de las elecciones (catalanas), tal como él aseguró, cese el ministro Wert porque está atentando contra un modelo de país que es un éxito". El diputado de IU-ICV, Joan Coscubiela, ha alertado de que el ministro Wert traslada en la reforma educativa "una obsesión enfermiza que pretende imponer a Catalunya para que no se pueda educar en la lengua vehicular propia, que es el catalán.
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El PSC también estudia un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. El primer secretario del partido, Pere Navarro, ha afirmado en Catalunya Ràdio que la responde a una "voluntad de recentralizar" la educación. "Parece que el señor Wert continúa con su intención de españolizar a los niños", ha sentenciado. El coordinador de los diputados y senadores del PSC, Francesc Vallès, ha exigido a Rajoy que rectifique el proyecto de ley "antes de que el daño sea irreparable". Vallès ha advertido de que el PSC será "beligerante en la defensa de la escuela catalana, del modelo de inmersión lingüística y también de la cohesión social que este modelo representa". "Si Rajoy no cesa el ministro", ha añadido, "entenderemos que hay una complicidad del Gobierno encabezada por su presidente. "Wert es un muñeco de feria, pero estamos convencidos de que el problema en este caso no es el muñeco, sino Mariano Rajoy".
Ni siquiera Ciutadans ha visto con buenos ojos la propuesta de Wert. "Que el catalán deje de ser lengua vehicular no es nuestro modelo", ha sentenciado su presidente, Albert Rivera, en una entrevista en la emisora La Xarxa. Rivera niega que el borrador de la reforma educativa de Wert excluya el catalán, pero critica que la reválida para evaluar la capacidad de comunicación al final de la ESO solo contemple la lengua materna.
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Antes de que Wert responda a todas estas declaraciones, el presidente del Senado, Pío García-Escudero (PP) ya ha dicho que no entiende "ese recelo o esa oposición" que tienen algunas comunidades autónomas, como Catalunya, a "darle al castellano el lugar que tiene que tener", y ha señalado que en esos casos las dos lenguas cooficiales deben tener "la misma importancia" y "el mismo uso", ha manifestado durante una entrevista en RNE.
García-Escudero ha recordado que, según la Constitución, el castellano es "la única lengua oficial que hay en todo el Estado" y que, en el caso de Catalunya, es cooficial junto al catalán. "Como mínimo, tienen que tener el mismo valor, la misma importancia, el mismo uso", ha subrayado. En este contexto, se ha referido a las declaraciones que hizo este lunes la consejera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau. "Me asombraba esta mañana oír a la consejera cuando hablaba de que, en la educación en Catalunya, la lengua vehicular es el catalán. Yo me pregunto por qué tiene que darle prioridad al catalán sobre el castellano cuando las dos lenguas son cooficiales en Catalunya", ha señalado.
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El presidente del Senado ha abogado por "aprovechar esa riqueza que tienen en Catalunya, el País Vasco y Galicia" por tener dos idiomas, pero haciéndolo "sensatamente". "La gran riqueza cultural que tenemos en España es precisamente la pluralidad cultural y lingüística", ha destacado.
Por su parte, la consellera de Educación de la Comunidat Valenciana, Mariá José Català (PP), también ha defendido hoy la lengua de su región, minutos antes de entrar a la reunión con Wert. Aunque ha señalado que el "modelo plurilingüístico" propuesto por el ministro ya se aplica en su comunidad, también ha asegurado que exigirá que se incluya la asignatura de Lengua y Literatura valencianas en las reválidas de ESO y Bachillerato y "que se tenga en cuenta en una proporción similar a la que está la lengua castellana y la literatura".
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No obstante, Catalá anunció que optará "por la vía del diálogo" porque la "vía de la crítica en sí no lleva a ningún lado". De hecho, la consellera ha valorado que el borrador de la norma recoja la necesidad de garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas, dando también la posibilidad de incluir lenguas extranjeras, "tal y como establece el sistema educativo plurilingüe valenciano implantado este curso 2012-13 en la Comunitat Valenciana", informa Europa Press.