Es el responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón, pero estos días se sienta en el banquillo acusado de permitir vertidos tóxicos en el pueblo del que era alcalde, Vall d'Uixó. El protagonista de esta contradicción es Vicent Aparici, vicepresidente de la institución provincial, que se enfrentó ayer al primer día del juicio oral que se sigue contra él por autorizar, presuntamente, que un empresario vertiera residuos altamente contaminantes en un vertedero que no estaba preparado para ello.

Aparici descargó toda responsabilidad en los técnicos del Ayuntamiento y contestó con chulería a las preguntas de la fiscal. La pregunta '¿Cuál es entonces la responsabilidad de los políticos?' escandalizó al acusado, que contestó entre resoplidos: 'Esa pregunta respóndala usted, porque parece que sabe mucho de esto, qué pregunta, compréndame usted, ¡qué responsabilidades tienen los políticos!'.

Aparici es la mano derecha de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que desde hace ocho años está imputado por cohecho y fraude fiscal, entre otros presuntos delitos. Tanto Fabra como el PP provincial apoyaron ayer a Aparici sin fisuras.

En su relato, la Fiscalía asegura que el ex alcalde autorizó a una empresa para que depositara todo tipo de vertidos en el vertedero de Garrut. Entre 1998 y 2003 metales pesados y otras sustancias peligrosas se filtraron en el subsuelo. A través de un barranco los tóxicos llegaban en ocasiones al río Belcaire y después al mar.

Los efectos del vertedero, clausurado en la actualidad, afectan 'de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas', según el fiscal, que remacha que las consecuencias de los vertidos seguirán produciéndose durante un periodo imposible de determinar.

Pese a que las irregularidades fueron denunciadas públicamente por asociaciones ecologistas, Aparici basó su defensa en su desconocimiento de los hechos porque ningún técnico le informó de lo que estaba pasando. Uno de los testigos que ayer declaró ante el juez, un guardia civil, aseguró que en una visita a la zona vio que nadie vigilaba el vertedero y de que había basuras 'de todo tipo'.

Piden su dimisión

El ex alcalde se enfrenta a dos años de prisión y a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. La misma pena se solicita para los ex concejales de Obras Públicas y Urbanismo, que también están siendo juzgados. Además, el fiscal pide para él y para el empresario autor de los vertidos 18.000 euros de multa y 20 fines de semana de arresto por establecimiento de vertederos de residuos tóxicos, informa Europa Press.

El colectivo ecologista Gecen demandó su dimisión como responsable de Medio Ambiente en la Diputación y recordó que los destinatarios de sus presuntos delitos 'somos todas las personas que hemos utilizado el agua contaminada directa o indirectamente '.