La Generalitat valenciana cedió este lunes a la presión ciudadana y decidió renunciar a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. No es una rectificación definitiva, sino una moratoria temporal a la que podrán acogerse los profesores que quieran dar las clases en castellano o valenciano. El Gobierno autonómico se ha visto obligado a dar un paso atrás para desactivar la huelga prevista para este miércoles, a la que estaban convocados profesores y alumnos de todo el País Valenciano.

Los convocantes, agrupados en la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, decidieron aplazar el paro. Consideraron la rectificación del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como un éxito social importante, en palabras de Gerardo Fernández, de UGT: “Se ha conseguido que aquí, donde ha habido la oposición más agria contra la asignatura de todas las autonomías que dirige el PP, reconozcan que se han equivocado”.

Para conseguir que la Plataforma desactivara la huelga, la Conselleria también ha tenido que comprometerse a atender los 13 puntos del Manifiesto por la Enseñanza Pública, el documento en el que padres, alumnos, profesores y directores han reflejado todas las carencias del sistema educativo valenciano.

La Generalitat se comprometió a un calendario de negociaciones estricto para dar respuestas concretas a estas exigencias. “Estaremos vigilantes. La huelga no se ha desconvocado, sólo se ha aplazado. Si no se atienden nuestras peticiones antes del 15 de febrero, fijaremos el momento de la huelga”, explicó Marc Candela, miembro del sindicato STE-PV, una de las entidades de la Plataforma.

Algunas de las peticiones contenidas en el manifiesto son la construcción de más centros escolares para acabar con los barracones en los que en este momento se ven obligados a estudiar 26.407 alumnos, la construcción de una red de guarderías para toda la población de 0 a 3 años, y la matriculación equilibrada de alumnos inmigrantes entre los centros públicos y privados concertados.

De haberse producido, el paro, habría sido la culminación de tres meses de un intenso movimiento ciudadano contra la política educativa de la Generalitat. La Plataforma convocante ha conseguido agrupar a los sindicatos de profesores, las asociaciones mayoritarias de directores, alumnos y padres, y al colectivo de defensa del catalán Escola Valenciana. Además, el movimiento tiene el apoyo de los partidos de la oposición.

La Plataforma denuncia que la Generalitat, gobernada por el PP, usa Ciudadanía como arma de lucha política contra el Ejecutivo central. Francisco Camps, presidente valenciano, anunció que la materia se impartiría en inglés en su comunidad en septiembre de 2007, después de meses en los que su partido mostró su rechazo a la asignatura, calificándola de “doctrinaria”.

La comunidad educativa entendió el gesto como un intento de convertir las aulas en un campo de batalla político: “Es como si, en vez de trabajar en un instituto, lo hiciéramos en una empresa cuyo dueño es el PP”, resumió un profesor, que no quiso dar su nombre, en una de las protestas del pasado noviembre.

Por su parte, la Conselleria insiste en que su objetivo es fomentar el dominio del inglés entre los alumnos. Los profesores replican que la asignatura de Educación para la Ciudadanía, llena de conceptos abstractos, no es la más adecuada para experimentar con una lengua extranjera.