'Hoy pierden para siempre los del sistema brutal y hoy pierden para siempre los que han intentado hacer de esta cuestión falsa, absolutamente falsa, la distorsión de un discurso de potencia, de fuerza y de ilusión que representa para todos los españoles el PP'. A juzgar por esta expresión, pronunciada ayer en el discurso con el que Francisco Camps dijo adiós a la presidencia de la Generalitat, con su marcha desaparecen, como por arte de magia, todos los problemas de los conservadores valencianos con la Justicia. Pero no es así.

El caso de los trajes, en el que el expresident está imputado junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, es sólo la punta del iceberg de otro escándalo de dimensiones mayores que ya se ha cobrado más de una decena de cabezas en las filas conservadoras, el caso Gürtel, y que en Valencia tiene en el punto de mira a la cúpula del PP de Camps.

El auto con el que el magistrado José Flors decidió, hace casi una semana, llevar a Camps y a sus compañeros al banquillo consideraba a los trajes como un escalón más en la estrategia desplegada por la red dirigida por Francisco Correa para lograr tratos de favor de la Generalitat.

En este sentido, el auto sostiene que 'contar con la complacencia y el favor del presidente y del vicepresidente de una comunidad autónoma a quienes se agasaja puede ser de una forma determinante' para que los interesados 'pudieran verse favorecidos en sus intereses económicos'. Es decir, en conseguir contratos públicos.

Sin contar con la visita del papa, el juez cuantifica que la trama recibió 6,9 millones de euros en contratos entre 2005 y 2009. A día de hoy, la Generalitat sigue ocultando los expedientes de estas adjudicaciones, pese a las reiteradas peticiones de los grupos de oposición en la Cámara regional.

Precisamente los contratos de Fitur son una de las tres ramas de la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Unas pesquisas que alcanzan a Vicente Rambla, exvicepresident de la Generalitat; Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo; Ricardo Costa, exnúmero dos del PPCV; David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV; Yolanda García, tesorera; y Rafael Betoret, exjefe del Gabinete de Turismo.

En un auto, dictado el pasado junio, el tribunal se declaró competente para encausarlos por graves delitos de corrupción penados con cárcel: cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos), falsedad documental y delito electoral (financiación ilegal).

La otra pata de la investigación tiene que ver con las cuentas de las elecciones autonómicas de 2007, cuando, según Anticorrupción, el PP ocultó a Hacienda 2,5 millones de euros con la ayuda de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel.

La tercera rama de esta investigación del TSJCV la conforman los 891.893 euros que ocho empresarios locales con múltiples contratos con la Generalitat pagaron a empresas de la trama corrupta entre los años 2007 y 2008, para, según la Fiscalía Anticorrupción, correr con gastos electorales de los conservadores valencianos mediante la aceptación de facturas falsas.

Lo que de momento queda fuera de este proceso es la visita del papa a Valencia en el año 2006. Según la Policía, la red de Francisco Correa se embolsó casi tres millones de euros gracias a este contrato. Y la trama logró que Canal 9 adjudicase a Teconsa un contrato de 6,4 millones.