Barberá defiende los contratos de la FEMP a la 'Gurtel'

"La FEMP no es una entidad de derecho público, no es una Administración. Es una asociación, por lo tanto, poco puede decirse". Con esas palabras despachó ayer Rita Barberá las preguntas sobre los pagos millonarios que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo a empresas de la trama Gürtel en los cuatro últimos años (1999-2003) del mandato de la alcaldesa de Valencia como presidenta de la organización municipalista.

En diciembre, un informe de la Unidad de Auxilio Judicial incorporado al sumario Gürtel, desveló cómo la FEMP pagó 1,3 millones de euros a empresas del grupo que dirigía Francisco Correa. Fueron 230 las adjudicaciones a dedo otorgadas a la red en los últimos cuatro años en los que Barberá presidió el órgano que agrupa a municipios y provincias. Pero dos eventos concentraron el grueso del dinero: la asamblea de 1999, en las que la trama se embolsó 276.548 euros, y la de 2003, en la que Barberá dejó el cargo y por la que Special Events cobró 719.449.

Ayer, Barberá no dio detallessobre las adjudicaciones más allá de que se trató de "escenarios" para las asambleas. Sí subrayó que fueron "dos contratos a empresas absolutamente legales, en su momento, del espacio económico español". "A mí no me ha llamado el fiscal", se jactó.

Frente a la versión de Barberá, el informe de la Unidad de Auxilio reprocha a la FEMP que eligiera a Special Events sin concurrencia pública. Es más, destapa que ni siquiera se pidió presupuesto escrito previo para la preparación de sus asambleas, pese al elevado importe abonado luego.

Pero, ayer, Barberá enmendó la plana a los peritos al subrayar que la FEMP no está obligada a regirse por la ley de contratos porque no es una institución de derecho público. La alcaldesa derivó la responsabilidad al entonces secretario de la entidad, quien, afirmó, es "el órgano de contratación" y por tanto hace "lo que crea conveniente".

Al apelar al entonces secretario de la FEMP, Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos en el PP, la alcaldesa se lava las manos. Y señala a De la Cruz como único responsable.

Los informes policiales y de Hacienda incorporados al sumario señalan a De la Cruz como receptor de un pago de 30.000 euros en marzo de 2004. Es decir, poco después de que la FEMP entregara a Special Events 719.449 euros por organizar una asamblea que, cuatro años antes, había costado menos de la mitad. Hasta ahora, el PP no ha explicado el porqué de ese vertiginoso incremento. Ni por qué acudió directamente a Special Events en lugar de pedir ofertas a diversas empresas del sector.

Ya el pasado diciembre, cuando Público reveló la existencia de estas facturas, el PSOE valenciano cuestionó los argumentos de Barberá con el reglamento de la FEMP en la mano, ya que, según el artículo 35º, el cargo de presidente tiene, entre otras, "la atribución de dirigir el funcionamiento ordinario de la federación y administrar su patrimonio".

Aunque el informe de la Unidad de Auxilio no dictamina si la FEMP está o no sujeta a la ley de contratos, sus autores subrayan que, de haber solicitado ofertas a otros proveedores, habría habido "una mayor eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos". Ahora, la FEMP publicita con antelación los eventos programados. Como explicaron al inicio del caso Gürtel fuentes del equipo de su presidente, el socialista Pedro Castro, la FEMP solicita ofertas a las empresas "más significadas" del sector.