El pleno del Parlament balear aprobó este lunes, con la abstención del PP, la Ley de Servicios Sociales que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo, y una asistencia que evite el riesgo de exclusión social y mejore su calidad de vida. Es la primera vez que una comunidad autónoma aprueba una ley de estas características, informa EP.

A partir de la aprobación de la normativa, se inicia un periodo transitorio de 18 meses que servirá para que el Govern balear elabore una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los 'derechos subjetivos' que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.

De acuerdo a lo establecido en la nueva ley, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas. Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre.

La consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, destacó durante su intervención en el Parlament que, aunque otras comunidades tienen medidas similares, las Islas Baleares se convierten en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita.

La consellera recalcó que con la nueva normativa, que contiene un total de 139 artículos y cuatro disposiciones, el Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones. Santiago también aclaró que, para la elaboración de la normativa, se ha seguido un proceso 'muy participativo'.