El Parlament balear ha aprobado este martes la Ley de Residuos que restringe el uso de plásticos y, para ello, prohíbe productos desechables como pajitas, bolsas y bandejas de empaquetado.

La norma, que contempla sanciones de entre 300 y dos millones de euros, asume el mandato de la UE de que en 2021 los residuos que se generan deben estar un 10% por debajo de los que producía Baleares en 2010 y para 2030 la reducción ha de alcanzar el 20%.

Este objetivo pasa por la supresión de numerosos enseres plásticos como platos y vasos, pajitas, bastoncillos de oído y envoltorios desechables de productos frescos de los que emplean las tiendas, que tendrán que ser reemplazados por materiales biodegradables en 2021.

Ese mismo año será el primero en que se prohíban las bolsas de plástico de un solo uso, los productos con microplásticos, las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar y cartuchos de impresión y cápsulas de café hechas con materiales no compostables o fácilmente reciclables.

Una ley pionera

Con ocasión de su defensa, el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, de los econacionalistas de MÉS per Mallorca, ha destacado que se trata de una "ley pionera y valiente" a nivel europeo para impulsar "un cambio de modelo" que requiere del compromiso de "ciudadanos, administraciones y empresas".

El pleno del Parlament ha acogido este martes el debate de las enmiendas parciales a esta iniciativa del Ejecutivo autonómico del PSIB y MÉS, que cuenta con el apoyo externo de Podemos.

El objetivo de esta ley es "afrontar el reto" de protección del medioambiente del archipiélago, tanto por parte de los ciudadanos como de los millones de turistas que llegan cada año a las islas, ha afirmado el conseller, que ha subrayado que el "mejor residuo es el que no se genera".

Vidal ha concretado que Baleares gestiona al año 800.000 toneladas de residuos y ha destacado el consenso logrado para la aprobación de la ley tras recibir unas 800 aportaciones.

La regulación establece que los municipios tendrán que adaptar sus ordenanzas para promover la reducción de residuos con medidas concretas contra prácticas como tirar colillas en las playas e impulsará la instalación de fuentes de agua potable en los edificios públicos, donde tendrá que haber alternativas a la venta de bebidas envasadas.

Se contempla la reducción de hasta el 50 % de los alimentos que desechan tiendas, bares, restaurantes y cocinas de establecimientos públicos como hospitales y colegios, para lo que se habilitarán mecanismos de distribución con comedores sociales y entidades benéficas.

El proyecto legal contiene objetivos ambiciosos como alcanzar el 75% del reciclaje de envases en 2030. Ese mismo año un máximo del 10% de los residuos podría acabar en vertederos y un mínimo del 65% del papel, metal, vidrio, plástico y restos orgánicos domésticos tendría que ser reciclado.

La recogida separada, esencial para cumplir estas aspiraciones, deberá estar implantada en los establecimientos públicos y privados en dos años y los consistorios deberán ofrecer recogida diferenciada a domicilio de materia orgánica, aceites, residuos textiles y peligrosos.

Siguiendo el principio de "quien contamina paga", ha explicado el conseller Vidal, se plantean bonificaciones para buenas prácticas y sistemas para incrementar la información que garantice que los mayores productores de residuos asumen sus responsabilidades.

La ley, cuyo nombre completo es de Residuos y Suelos Contaminados, establece la creación de un inventario de suelos degradados por elementos contaminantes para promover su recuperación.