La comisión de investigación de los ERE fraudulentos de Andalucía ha acabado este jueves su primera ronda de comparecencias con el interrogatorio a los exministros populares Javier Arenas y Eduardo Zaplana. Las citaciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán previstas para el viernes se han pospuesto, con el rechazo del PP, para incluir a nuevos comparecientes y mantener el plan inicial de que los dos presidentes andaluces declaren en último lugar. La comisión se da de plazo hasta el lunes para solicitar nuevas comparecencias y reanudará sus trabajos el miércoles de la semana que viene, aunque sigue previendo que concluirá su investigación antes del 30 de septiembre.

Las comparecencias de ambos ministros tuvieron muy distinto sesgo: mientras Arenas dijo no saber nada de las ayudas a la minería onubense que dio el Gobierno y volvió a repetir por enésima vez que Chaves y Griñán lo sabían todo, Zaplana se mostró muy colaborador con la comisión y dio numerosos detalles administrativos de la participación de su ministerio en la gestión de esas ayudas, si bien recalcó que con contundencia que no había habido irregularidad alguna.

“De este tema sé menos que usted”. Esta frase de Javier Arenas a la diputada de IU Alba Doblas resume en buena medida su comparecencia de esta mañana ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. El expresidente del PP andaluz fue convocado en su calidad de exministro de Administraciones Públicas, cuando el Gobierno central aprobó ayudas extraordinarias para los trabajadores de cinco empresas mineras de Huelva a principios de la década de 2000. Los representantes del PP, al igual que hicieran los del PSOE en las primeras comparecencias de cargos socialistas ante la comisión, renunciaron a preguntar a Arenas.

El exministro, en todo caso, defendió con convicción la absoluta legalidad y la minuciosa fiscalización de las ayudas concedidas, aunque no contestó a la pregunta del diputado socialista Jesús María Ruiz García de por qué, si todo había sido tan impecable, la jueza Mercedes Alaya está investigando las irregularidades. Estas habrían consistido en que numerosos trabajadores pudieron percibir ayudas aplicándoseles coeficientes como si hubieran desempeñado penosas tareas laborales bajo tierra cuando en realidad habrían trabajado en tareas de administración o limpieza.

A pesar de su insistencia, los dos diputados de la izquierda no consiguieron en ningún momento acorralar ni tampoco inquietar al veterano dirigente popular con sus rebuscadas preguntas. Y es que la participación de Arenas en la gestión del conflicto de la faja pirítica onubense fue marginal en términos administrativos y, hasta donde se conoce, muy secundaria en términos políticos.

Arenas recalcó en varias ocasiones que las ayudas concedidas por el Gobierno central a la faja pirítica de Huelva cuando él era ministro se dieron bajo la cobertura jurídica de la orden ministerial dictada en 1995 por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta y titular de Trabajo en el último Gobierno de Felipe González. Arenas también recalcó que el último ministro de Trabajo hasta la derrota del PSOE en noviembre de 2011, Valeriano Gómez, había dicho en el Parlamento que los expedientes en cuestión habían sido impecables.

En su sucinta intervención inicial antes de someterse a las preguntas de la comisión Javier Arenas ni siquiera hizo referencia alguna al motivo por el cual había sido citado. Simplemente se limitó a hacer un severo recordatorio del escándalo de los ERE y a precisar que le parecía “inaudita” su citación. “Estoy aquí por haber sido presidente del partido que denunció el escándalo”, dijo el exministro y actual vicesecretario de Política Regional y Local del PP.

A la declaración de Arenas siguió la de Eduardo Zaplana, convocado porque durante su etapa como ministro, hace una década, se gestionó el expediente de ayudas socio laborales a trabajadores de la franja pirítica de Huelva, un expediente sobre el cual han recaído sospechas de irregularidades que están siendo investigadas por la juez Mercedes Alaya.

El exministro de Trabajo y actual ejecutivo de Telefónica concluyó su intervención con unas palabras ante las que pudieron incluso darse por aludidos sus propios compañeros de partido: “No pongamos el ventilador, y menos en estos momentos. Persigamos todos los indicios de actos incorrectos, sabiendo que es el mayor favor que nos hacemos”.

El exministro mantuvo durante toda su comparecencia un tono equilibrado, respetuoso, de plena colaboración con la comisión, sin eludir nunca las preguntas y sin lanzar apenas reproche político alguno. Zaplana negó con una rotundidad sin fisuras que se hubiera producido irregularidad alguna en la concesión de las ayudas otorgadas a los trabajadores onubenses. Desde que se dieron aquellas ayudas, que ascendieron a 180 millones de euros pagados al cincuenta por ciento por la Junta y el Gobierno, “ha habido tres ministros socialistas de Trabajo, si hubiera habido alguna anomalía la habrían denunciado”, dijo en tono firme Zaplana.

¿Pudo haber intrusos o falsos mineros entre esos trabajadores beneficiados por las ayudas, dado que eso es lo que está investigando la juez?, le preguntaron Doblas y Ruiz. “Es prácticamente imposible que eso ocurra en la Administración del Estado, por los controles de legalidad. Sembrar la duda de todo yo creo que es malo”, zanjó el ex ministro de Aznar, que también recordó que los ERE aprobados a las empresas de la faja pirítica habían sido responsabilidad de la Junta.

En otro momento de su intervención fue tajante: “De la lista que sale del ministerio para ayudas extras yo me hago responsable como ministro de Trabajo. No me hago responsable ni de las pólizas ni de los ERE”. También defendió que el acuerdo alcanzado sobre la franja pirítica era legal aunque se no hubiera publicado, dado si no publicó fue porque no lo exigía el procedimiento.